Uruguay y la pandemia: impunidad, negligencia y responsabilidad estatal

Laura Damianohttps://www.instagram.com/popidamiano/
Laura Damiano: Estudiante de Cs Políticas en UdelaR. Feminista y activista social PD: me dicen popi que nunca supe por qué.

El coronavirus y las incertidumbres: vacunas, irregularidades de Estado, negociaciones y preocupaciones en una nota que revela la falta de testeos y seguimientos por parte del Estado Uruguayo.

¿Cómo venimos?

Uruguay es uno de los últimos países de la región en presentar un plan de vacunación, a pesar de que aún no sabe cuál vacuna es la que va a proporcionar para la población. Los jerarcas afirman que tienen la pandemia controlada, pero el número de casos positivos continúa creciendo de manera exponencial y las medidas tomadas por el gobierno no fueron ni son eficaces, además de escasas.

 Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo se han registrado 27.846 casos positivos en Uruguay, 20.099 ya se recuperaron y 7.478 están cursando la enfermedad. El Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) informó que el pasado domingo 10 de enero se registró un nuevo récord de casos de coronavirus. Se hicieron 8.502 análisis y se detectaron 1.215 casos. Varios medios internacionales reportaron que son varias las universidades y laboratorios que están trabajando para conseguir la vacuna contra el covid 19. Por el momento, hay dos vacunas autorizadas y recomendadas para la prevención del virus. Estas son la vacuna de Pfizer BioNtech y la vacuna de Moderna. Reino Unido fue la primera nación occidental en aprobar la vacuna de Pfizer BioNtech el 5 de diciembre, luego comenzó a ser aprobada en países como Canadá, Arabia Saudita, Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Chile, Argentina, entre otros. Pero la aprobación y negociación por la vacuna en Uruguay se está haciendo esperar

https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/pagina-embebida/visualizador-casos-coronavirus-covid-19-uruguay

La bancada de senadores del Frente Amplio resolvió citar al ministro de salud a la Comisión de Salud del Senado el pasado martes 5 de enero para que respondiera acerca de la negociación de las vacunas. La oposición cuestiona que mientras que Chile y Argentina están recibiendo sus primeras dosis, Uruguay aún no sabe qué vacuna recibirá ni cuando. El FA concurrió con siete interrogantes. La primera es saber si existe un plan estratégico a corto y a medio plazo con respecto a la pandemia, es decir, si tienen pensado las medidas a tomar el primer semestre del año. La segunda, conocer la estrategia de contención en el primer nivel de atención. También se planteó el problema de los recursos humanos derivado del multiempleo y que es lo que está ocurriendo con los testeos ya que bajaron de manera notoria en la última semana, justo cuando los casos positivos no paraban de crecer. Sumado a eso, se planteó la necesidad de seguir el rastro epidemiológico de los casos positivos, por medio de la capacitación de los trabajadores de otras áreas. Y por última interrogante tenemos las vacunas: cuáles, cuántas y cuándo. 

Con respecto a las críticas por las demoras el Ministro de Salud, Daniel Salinas, dijo que “vamos por un camino de seguridad, ser los primeros no es ser los mejores, tenemos que tener confianza en nuestros asesores. (…) Nunca se descartaron opciones, siempre se fue proactivo y cuando hubo más aprobación de agencias acá ya había habido una serie de contactos previos que nos permitió entrar en la cancha con información para el grupo de asesores. Son muy importantes la eficacia y la seguridad, que permitan la accesibilidad”. Salinas dijo que la vacunación en Uruguay comenzará el primer trimestre del año y que la entrega será mediante el mecanismo Covax, una alianza impulsada por actores públicos y privados que tiene como fin garantizar el acceso equitativo a las vacunas que se logren contra el coronavirus. 

Un plan que son solo números:

En la primera etapa se piensa llegar a 600.000 personas, con 1.200.000 dosis de vacunas. Se vacunará al personal de la salud, a los trabajadores esenciales y a los adultos mayores de 65 años, con el fin de disminuir la mortalidad por covid 19 y garantizar la atención médica. La segunda etapa busca alcanzar el millón y medio de personas con tres millones de dosis. Entre los posibles vacunados están los trabajadores esenciales y la población que tenga entre 45 y 65 años. A su vez, esta etapa se divide en tres fases. La primera constará de vacunar al personal docente y de transporte, que se estima que son 400.000 personas. En la segunda fase se vacunarán las personas con dos o más comorbilidades, aproximadamente 300.000, y en la tercera y última fase a las personas con capacidades diferentes y a los privados de libertad, que se calcula que son unas 200.000 personas. La tercera y última etapa implica vacunar a la población entre 15 y 45 años. Se comenzará con las personas de entre 35 y 45 años, priorizando a docentes, personal de transporte y personas con dos o más comorbilidades. Se alcanzaría a 2.836.280 personas vacunadas con 5.672.560 dosis. 

Para el subsecretario de Salud, Jose Luis Satdjian a pesar de que aún no se sabe que vacuna se va a usar, “el plan está pronto”  y afirma que “la vacuna que llegue va a hacer la estrategia que se use, pero el plan es el que se presentó”. Salinas fue consultado por la prensa acerca del momento específico en el que podría estar lista la vacuna. Dijo que podría estar lista avanzado el 2021, pero que mientras tanto la población debe continuar con las medidas de prevención, ya que considera que es la forma más eficaz de controlar la pandemia. El Ministro también dijo en la Comisión de Salud del Senado que creía que un foco importante de contagios habían sido las diferentes marchas realizadas sobre todo en el segundo semestre del año pasado. Por su parte el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dice que el Frente Amplio alentó manifestaciones que pueden ser el origen de la disparada de casos. Salinas comenzó a enumerar las diferentes movilizaciones ocurridas a lo largo del año, lo que llevó al senador Daniel Olesker a preguntar si había algún dato preciso que verificara que las marchas habían sido el principio de la nueva ola, pero no obtuvo respuesta. También cabe destacar que Olesker mencionó que a las marchas “se las alude como movilizaciones frenteamplistas” y continuó “Por suerte, el movimiento por la diversidad, el PIT CNT y otras organizaciones son independientes”. Manini dijo que las declaraciones están “totalmente politizadas” y aseguró que se está trabajando con seriedad y responsabilidad. 

Pero también están ocurriendo otras discusiones sobre la manera en la que se está manejando la pandemia. El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) pidió una reunión de urgencia con la gerencia general de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) debido a que desde el principio de la pandemia el Hospital Español ha sido centro de referencia de pacientes con covid. Los trabajadores califican a la dirección como ausente. “Hay déficit de médicos para dar asistencia a los pacientes COVID en las salas de cuidados moderados, médicos con contratos precarios de comisión de apoyo, contratos de tres meses con facturación, y en caso de certificación (si se enferman y tienen que realizar cuarentena) no tienen resguardo, ni protección de seguridad social” afirmó la directora de la Unidad de Negociación Colectiva del SMU, Soledad Iglesias. Finalmente, el martes 12 de enero ASSE removió al director del Hospital Español. Se resolvió que asuma como directora la doctora Alicia Cardozo en sustitución de Luis Alberto Barrios, quien había estado al mando desde el 2019. En el comunicado de prensa donde informan sobre esta resolución, no dan detalles de los motivos del cese. 

También hay conflictos con Cainfo, Centro de Archivos y Acceso a la información pública, ya que a partir de un relevamiento Cainfo constató que existe falta de información sobre el covid 19 en localidades del interior lo cual “genera inquietud en la población”. Sobre el gobierno nacional se cuestiona la falta de información sobre el Fondo Solidario. La herramienta fue creada en 2020 por la ley 19.874, que fue promulgada el 8 de abril, y está destinada a atender exclusivamente las erogaciones que deba realizar el Estado para hacer frente a la emergencia sanitaria nacional.Cainfo informa que la ley que crea el fondo establece en su artículo 11 que el Poder Ejecutivo deberá “rendir cuentas de lo actuado a la Asamblea General, dentro de los noventa días posteriores al vencimiento de la vigencia del Fondo Solidario Covid 19. Si este plazo venciera dentro del período de elaboración de cualquier instancia presupuestal, el Poder Ejecutivo podrá prorrogar dicho plazo por 90 días más, a partir del vencimiento del período de elaboración citado”. Desde abril, el gobierno maneja dinero que proviene de distintas fuentes que forman el Fondo Solidario COVID 19. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informa mensualmente los ingresos y egresos del fondo. Algunos gastos se conocen en la página de la Unidad Centralizada de Adquisiciones del MEF y otros por resoluciones de gasto que aprueba el Poder Ejecutivo. Pero hay información que no se encuentra. Se desconoce el volumen de las donaciones y la identificación de los donantes que integran el Fondo. Presidencia se niega a contestar, respaldandose en los artículos 7 y 19 de la Ley de Protección de Datos Personales 18.331. Azucena Arbeleche, Ministra de Economía y Finanzas, sostiene que aún están dentro del plazo legal para presentar la rendición de cuentas. La senadora frenteamplista Liliam Kechichian afirmó que “es preocupante” que el gobierno no rinda cuentas del fondo en el transcurso de la emergencia, pero el artículo 12 de la Ley 19.874 dice que ¨El Poder Ejecutivo determinará el momento de finalización de lo preceptuado de acuerdo al artículo 19 de la Ley N° 18.621, de 25 de octubre de 2009.¨ Por lo tanto, el gobierno no va a presentar la rendición de cuentas hasta que la emergencia sanitaria culmine. 

El Estado y la impunidad del rebaño:

Nos comunicamos con personas que pasaron la experiencia de tener coronavirus para verificar si las instituciones, tanto estatales como privadas habían cumplido con sus obligaciones.

Caso 1: Un hombre que se contagió de covid 19 en su trabajo de bartender. Dentro de su burbuja estaba su madre, su hermana y su hija de 3 años. Al dar positivo en el test no recibió ningún comunicado por parte de las autoridades, ni él ni la familia. La madre decidió llamar a su mutualista y a la de su hija, contando la situación y solicitando que les realizaran el testeo a ellas también ya que presentaban síntomas. El personal médico tardó una semana en ir y al realizarles el test todas eran covid 19 positivo, incluyendo la infante. Allí les comunicaron que se aislaran hasta pasar el virus y no les consultaron acerca de los contactos que habían tenido. Esta burbuja había tenido la responsabilidad de aislarse desde que se enteraron del primer caso positivo y se comunicaron con los contactos que habían tenido para avisarles, pero no contaron con ningún aviso del Ministerio ni de su Sociedad Médica.

Caso 2: Una chica que dio positivo y recibió un mail del Ministerio solicitando los datos de las personas que habían tenido contacto en los días previos, la chica envió la información solicitada pero las autoridades nunca se comunicaron con esas personas, sino que sus contactos se enteraron cuando ella los informó. 

Caso 3: Una madre es informada que la maestra de su hija tiene COVID 19 positivo el domingo 29 de noviembre. Entre lunes y martes hisoparon a los alumnos que presentaba síntomas, al resto de los niños los hisoparon el viernes de esa misma semana. Su hija, al igual que otros 25 niños de una clase de 30, dio positivo. En total se contagiaron 40 niños de la escuela y 5 docentes. Ella fue llamada por el Ministerio, el cual le preguntó si sabía de donde podía surgir el contagio. La madre explicó la situación que estaba ocurriendo en la escuela, ya que los trabajadores del Ministerio aún no estaban enterados del foco. Ella les brindó una lista donde estaba toda la información sobre la clase, los alumnos, los niños que habían dado positivo y los que no, y también la información sobre las personas que habían tenido contacto con su burbuja en los días previos. Luego se contagió su hijo mayor, que no concurría a la misma escuela que su hermana, y volvieron a ser llamados por el Ministerio, el cual les volvió a hacer las mismas preguntas. La mujer volvió a darles la información, pero les comunico que anteriormente ya se lo había dado. Según ella, el Ministerio parecía no cruzar la información, no relacionar que su hijo mayor contagiado por covid era el hermano de una niña de la escuela donde había un gran foco. Posteriormente, ella también dio positivo, y nuevamente fue llamada por el Ministerio, que hicieron las mismas preguntas. La madre decidió no darles la información, y les dijo que ya la tenían. Ella nos dice que sabe que al menos 5 familias fueron contactadas por el organismo estatal, pero que no nos puede asegurar del resto. El Ministerio hizo lo mismo con las otras cinco familias. Les solicitó información sobre los contactos, pero no los llamó. Ella denuncia que el trato en la mutualista tampoco fue bueno. Sino que según ella se notaba la desorganización e inoperancia, y que en ningún momento hubo un cuidado de la salud mental durante el proceso. 

Caso 4: El día 7 de enero una mujer amanece con síntomas como tos seca, dolor de garganta y mocos. Ella había viajado a Montevideo dos semanas antes pero ninguna de las personas con las que había tenido contacto presentaban síntomas, por lo cual le atribuye el posible contagio al viaje en ómnibus. En esa fecha, los ómnibus interdepartamentales viajaban con el aforo al 50% por lo dicho por el Presidente en la conferencia de prensa pero ella asegura que los protocolos no se cumplían, ya que viajó con una mujer desconocida sentada a su lado, con el tapabocas mal puesto. Ella había presentado síntomas dos veces en el transcurso del año. La primera, en marzo, asistió a la policlínica de ASSE y le dijeron que tenía que permanecer en su casa y llamar a los servicios de salud desde allí. La segunda vez directamente no fue, sino que llamó. Aviso que tenía síntomas, le indicaron quedarse en su casa. Lo mismo hizo en esta ocasión. Al otro día recibió la llamada de una doctora, que le dijo que esperara en su casa y le dijo que si llegaba a hacer fiebre que fuera o llamara a la emergencia. Al otro día los servicios de salud deberían haberla llamado, pero no lo hicieron, y ella como no tuvo fiebre tampoco. Al día siguiente ella llamó y le respondieron que había mucha demanda, que si no presentaba fiebre no habría por qué preocuparse, que seguramente el hisopado no se lo iban a hacer. Ahí la telefonista le dijo de mala manera que debía bajarse la aplicación sobre el coronavirus en Uruguay. La mujer sintió que la estaban responsabilizando de eso, cuando nadie le comunicó que frente a presentar síntomas se aconsejaba tener la aplicación. Se la descargo y le comunicaron que la iban a llamar cuando le toque, ya que aún había mucha gente en espera. Cada día la aplicación le solicita que entre dos veces a la misma para actualizar el estado de salud. Ella cada vez que la actualiza ingresa los mismos síntomas, ya que se sigue sintiendo de la misma manera. Hasta el día de hoy, ella continúa ingresando los datos dos veces al día pero aún no obtiene respuesta por parte del Ministerio ni de los servicios de la salud. Ella no puede volver a su trabajo ya que trabaja con población de riesgo, y necesita un test negativo para poder reintegrarse.

Casos 5, 6 y 7: Ocurrió lo mismo con el Ministerio. Solicitaba información pero no hacía nada al respecto y eran las personas contagiadas quienes tomaban la responsabilidad de comunicar la situación.

La información sobre estos contactos tras la exposición a una persona infectada ayuda a que reciban atención y tratamiento y a evitar una mayor transmisión del virus. Según la Organización Mundial de la Salud, este proceso de seguimiento se denomina rastreo de contactos y puede dividirse en 3 etapas. La primera es la identificación de los contactos. Una vez que se confirma que alguien da positivo, los contactos se identifican investigando las actividades del paciente. La segunda etapa consiste en la elaboración de una lista de contactos, donde deben incluirse todas las personas que hayan estado con el infectado hasta al menos dos días antes de presentar síntomas. La tercera etapa es efectuar el seguimiento regular de los mismos para detectar signos y síntomas. 

Quienes estén en contacto con alguien infectado con coronavirus, corren mayor riesgo no sólo de infectarse, sino de infectar a terceros. Por lo tanto, el Estado tiene una gran responsabilidad que cumplir a la hora de seguir el rastro epidemiológico de los casos positivos, así como también tiene la responsabilidad de asegurar un plan de vacunación eficiente para la población. Como se observa en estos casos, ni el Estado ni sus instituciones están cumpliendo con la labor.

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