Todos somos pobres hasta que se demuestre lo contrario.

Agostina Deiana
Economista, casi magíster en Gestión Financiera del Sector Público. Docente universitaria. PD: Burlesquer, Reina unicornio.

Ya es fin de año y las ayudas sociales llegan a su fin. El IFE no existe más y la pobreza aumenta. Ponemos bajo la lupa los números del gobierno y sus discursos sobre privilegiar a los más vulnerables.

En Argentina, las medidas implementadas por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, dejaron de manifiesto la gran cantidad de personas sumergidas en la informalidad y la pobreza. En marzo de 2020, se contabilizaron 1.4 millones de desempleados y la economía había caído al menos un 5%[1].

Fuente: Indec, Informe técnico, vol  4 Nº109 

Además de la adopción de medidas tendientes a sostener los niveles de consumo y asegurar ingresos mínimos, se requirió generar una estrategia para identificar a todas las personas que viven de la economía informal. De este modo, se dio origen a nuevas herramientas económicas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), las cuales comenzaron a convivir con el resto de instrumentos financieros que el Estado nacional lleva a la población a través de la ANSES.

Sin embargo, en este momento, y a poco más de dos meses de que Naciones Unidas destacara el trabajo del gobierno argentino en materia de asistencia económica para sectores vulnerables, el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció que no habrá una cuarta entrega del IFE, sino que se reforzarán pagos mediante AUH, Potenciar Trabajo u otros planes. Este anuncio se dio en el momento en que representantes del Fondo Monetario Internacional estuvieron en el país con el objeto de revisar políticas que afectaran al gasto público y determinar dónde se pondrán los recursos del Estado, de cara al pago de las obligaciones que Argentina tiene con esta institución.

Pese a esto, y a que la ONU haya destacado la importancia de no avanzar en el pago de obligaciones de deuda externa en detrimento de medidas de protección social, está claro que la prioridad está puesta en la obtención de financiamiento y el cumplimiento de obligaciones con acreedores extranjeros, en un contexto de recesión mundial; inclusive en una economía con más 1.4 millones de desocupados[2] y  casi 3 millones de hogares bajo la línea de pobreza[3]. 

Si observamos la cantidad de desocupados en marzo y en septiembre, vemos que, según las estadísticas del INDEC, no ha cambiado. Esto se debe a que más de 2.4 millones de personas ya no están buscando trabajo, o no son considerados población económicamente activa.  

Fuente: Indec, informe técnico, vol 4, Nº110

Fuente: Indec, informe técnico, vol 4, Nº174

Según ANSES, el Ingreso Familiar de Emergencia constituyó un aporte monetario de $10.000 a personas en exclusión o precariedad laboral y en claras condiciones de vulnerabilidad económica. Asimismo, el IFE solo fue percibido por un integrante por grupo familiar y no pudieron cobrarlo personas que reciben otro tipo de planes como pensiones, prestaciones por desempleo, Plan Potenciar Trabajo, entre otros. Aun así, y según datos oficiales, 9 millones de personas cobraron este beneficio.

El IFE fue pagado 3 veces este año, en períodos de abril-mayo, junio-julio y agosto-septiembre.  Considerando que entre abril y noviembre pasaron 7 meses, las familias que cobraron el IFE tuvieron un ingreso mensual de $4.285 en promedio.

Este monto de dinero no solo resulta escaso, sino que no cumple con parámetros de subsistencia básicos establecidos por el Banco Mundial, quien en julio de este año publicó un documento en donde se informa que más de 250 millones de personas en el mundo han sido llevadas al borde de la inanición y que la pandemia empujará a 176 millones de personas más a la extrema pobreza. Destaca, además, que más de la mitad del mundo vive con dificultades para satisfacer necesidades básicas, ya que cuenta con menos de 5,5 Usd por día, aproximadamente 500 pesos argentinos.

Entre el 20 de marzo de 2020 y el 11 de noviembre transcurrieron 236 días, por lo que un grupo familiar que ha percibido el IFE contó con algo más de $127 por día para vivir, en calidad de protección del Estado. Resulta importante destacar que, junto con esto, se superponen otro tipo de ayudas, como la llevada a la población vía Tarjeta Alimentar. No necesariamente las personas recibieron los dos beneficios pero, en caso de hacerlo, hubiesen recibido entre $4.000 y $6.000 más que terminan sumando unos $200 más por día, por grupo familiar.

Si se estima que un grupo familiar está compuesto por 4 personas, y que percibe ambos beneficios, la ayuda económica por cabeza es menor a $32 aportados por el IFE y un poco más de $50 vía plan Alimentar.

Este mismo análisis puede hacerse con otros instrumentos implementados durante el ASPO, tales como el bono pagado a jubilaciones, pensiones o asignaciones universales. En el primer caso, hablamos de un universo de 4.6 millones de personas que percibieron un bono de $3.000 que buscó reforzar ingresos muy escasos en más de 230 días de actividad económica reducida o nula. Este beneficio fue recibido solo por quienes cobran hasta $18.892 mensuales, o poco menos de $630 por día.

En el caso de la AUH, y la AUE, según datos oficiales, se duplicaron los montos de los beneficios, llegando estos a ser de $3.540 o $118 por día. Beneficio que alcanza a 4.3 millones de personas.

Finalmente, ANSES destaca el aumento al seguro de desempleo que perciben 100.000 personas y que asciende al monto de $10.000, poco menos de $335 diarios.

Si consideramos lo anterior y contrastamos con datos puestos a disposición por el INDEC, ninguno de estos instrumentos resultan suficientes para acceder a una canasta básica alimentaria. Esta se encuentra, según el INDEC, por encima de los $16.000 y determina el ingreso mínimo de un adulto para no ser pobre.

Fuente: Indec, informe técnico, vol 4, Nº208

Si tenemos en cuenta el total de los beneficios nombrados, hablamos de un total de $300.000 millones destinados al sostenimiento de la vida, mientras que se desembolsaron casi 1.000 millones para cubrir pagos de deuda pública, es decir, compromisos a pagar a acreedores.

Por otro lado, si a estos programas sumamos la totalidad de recursos destinados para ayudas sociales a personas, el Estado nacional ha previsto $930.000 millones, poco menos de lo presupuestado para pago de deuda. 

Todo esto resulta contradictorio, por un lado, se reconoce la importancia de combatir la pobreza y sostener la calidad de vida de la población, a la vez que se admite que la deuda externa fue contraída de forma irregular. Por el otro, las políticas que definen a dónde van los recursos del Estado ponen en igualdad de condiciones al combate de la pobreza y al pago de la deuda externa, que fue adquirida incumpliendo los estatutos del FMI y que tampoco ha sido auditada.

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