Una ONG dirigida por una autoridad del MIDES entregaba hijos de personas discapacitadas a nuevas familias sin contar con el control del INAU.
Seamos es una Organización No Gubernamental sin fines de lucro fundada en 1997 por la psicóloga Gabriela Bazzano, actual directora del Programa Nacional de Discapacidad del Mides (Pronadis) y secretaria del Sistema de Cuidados. Está destinada a la rehabilitación de niños y adolescentes con capacidades psicológicas o intelectuales disminuidas, o afectados por las llamadas “patologías crónicas“, enfermedades sin cura que al momento de ser diagnosticadas pueden afectar cualquier área de la persona, principalmente la psicológica. Nace con la idea de “revertir las condiciones desfavorables de vida de una población con gran vulnerabilidad social“, funcionando como hogar comunitario asistido y apuntando a la reinserción y capacitación laboral. En los últimos días, Seamos, está siendo cuestionada debido a que Bazzano fue investigada en 2015 por la Justicia de Crimen Organizado y por INTERPOL a causa de irregularidades en la dirección de la ONG y, en el año que aún transcurre, recibió otra denuncia presentada por la Defensoría del Vecino.
Durante años funcionó un programa que consistía en la entrega de hijos de personas con discapacidad a otras familias titulado “familias articuladas“. Este programa no contaba con el control del Instituto del Niño y el Adolescente en Uruguay (INAU), ni de otro organismo estatal. Según la causa judicial, al menos 6 niños estuvieron involucrados entre 2012 y 2017 en este programa. La Investigación de Crimen Organizado constató que se concretaron cuatro “articulaciones“ y dos que no funcionaron, eso quiere decir que 4 niños fueron entregados a “familias articuladas“. Beatriz Scarone, quien era directora de Adopciones del Inau y luego asumió como directora de Familias y Cuidados Parentales de la institución, fue a declarar ante Crimen Organizado. Allí dijo que las familias articuladas “no existen en el Inau“ y, al consultarle si las ONG pueden concretar un caso sin su participación, agregó que “las organizaciones pueden postular a las personas, pero son los equipos de Inau quienes realizan la valoración“, indicando que ningún tipo de organización está habilitada para ello.
En 2015 el Inau y el Hospital Pereira Rossell presentaron una denuncia ante el Juzgado de Familia. Una usuaria de Seamos había parido a su hija en ese hospital y se había retirado por voluntad propia con su bebé que aún tenía una vía colocada, sin recibir el alta médica. La mujer se fue de allí con la madre articulada asignada de su hija, luego de ser acompañada durante todo el proceso con dos mujeres pertenecientes a la ONG. La situación derivó en una causa judicial, la actuación de tres fiscales especializados, dos años de investigación de la Interpol y escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia.
La madre biológica de la recién nacida padecía esquizofrenia y había sido atendida durante todo el embarazo en una policlínica de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), para luego ser derivada al Programa del Mides enfocado en primera infancia, Uruguay Crece Contigo (UCC). Presentaba varios conflictos familiares, entre ellos episodios de violencia, y vivía en una situación de carencia donde no lograba cubrir sus necesidades básicas. En ese contexto fue que la psicóloga Denisse Defey, asesora de UCC, decidió contactarse con Bazzano para hablar sobre el programa de familias articuladas de Seamos. Luego de varias entrevistas, la madre accede a ingresar al programa un mes antes del parto. Una de las profesionales de UCC declaró ante la Justicia que en las entrevistas previas nunca se había mencionado que la articulación era desde el nacimiento de la bebé, por lo tanto, se sorprendieron cuando al ir a visitar a la madre y a su hija al hospital se encontraron con la madre articulada que había asignado la organización dentro de la sala. Declaró que salió de allí preocupada con la decisión de realizar la denuncia, que finalmente fue presentada por el INAU y el Hospital Pereira Rossell. El día después, las técnicas de UCC recibieron una llamada donde les comunicaron que la madre se había retirado del hospital, en las condiciones ya mencionadas.
Cuando comenzó la causa en 2015, la jueza de Crimen Organizado de 2º turno era Adriana de los Santos y el fiscal del caso Juan Gómez. En junio de 2016, quedó como jueza Maria Helena Mainard con Maria de los Ángeles Camiño como fiscal y fueron ellas quienes tomaron la mayor parte de las declaraciones del caso durante ese año. En febrero de 2017, asumió como fiscal Luis Pacheco y en abril de ese año solicitó archivar el caso al no encontrar “indicios de la existencia de hechos con apariencia delictiva“. La resolución en todos los casos “se basaba jurídicamente en lo previsto en el artículo 36 del Código de la Niñez y la Adolescencia“. Este artículo establece que cualquier interesado puede solicitar la tenencia de un niño, niña o adolescente, pero aclara que si la finalidad última de esta solicitud es la adopción, los interesados deberán haber dado previo cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 del mismo código. El cual dice que, frente a toda situación donde un niño esté privado de su medio familiar, deberá ser comunicado de inmediato al juez con competencia de urgencia en materia de familia o al Inau. El artículo 36 establece que el juez competente en materia de familia deberá evaluar el entorno familiar ofrecido por el interesado y, según Pacheco, en los casos que intervenía Seamos “se promovía la correspondiente homologación judicial del acuerdo de tenencia”. “En ningún caso la solución era clandestina, o podía ser interpretada como una ‘adopción’ ilegal, sino que además de la homologación judicial, el sistema estaba en conocimiento de otros organismos públicos”. Agregó que en la investigación que analizó los movimientos bancarios de Bazzano no hay indicios de “la existencia de pagos o exigencia de dinero por parte de Seamos a las familias que se hacían cargo de la tenencia articulada“. También se expresó en cuanto al retiro de la madre y la bebé sin la correspondiente alta médica, diciendo que entiende que son hechos que “carecen de relevancia penal“.
A raíz del dictamen de Pacheco, el 7 de abril la jueza suplente, Gabriela Araújo, decretó el archivo del caso. Sin embargo, Seamos volvió a estar sobre la mesa. La defensora del vecino, Maria Elena Laurnaga, se reunió a finales de noviembre con el fiscal de corte Jorge Díaz y le entregó una denuncia contra la ONG. La misma se originó por el testimonio de otra madre, la cual también padece esquizofrenia, que denunció la “apropiación“ de su hija. La causa quedó en manos de la fiscal Brenda Puppo.
En 2004, la Intendencia de Montevideo (IM) le entregó una casa a Seamos mediante un comodato. Pero hace años que la ONG está en conflicto legal con la IM. En 2011, se resolvió un primer desalojo que finalmente no se concretó y el 9 de marzo de este año se resolvió cesar el comodato de manera definitiva. Ante esto, Seamos se presentó en la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) solicitando la suspensión de la medida. La INDDHH lo derivó a la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo. Dada la gravedad de la situación, la defensoría se comunicó con autoridades del Municipio C y se decidió realizar una visita de constatación, que se realizó el pasado 17 de julio.
La denuncia penal por la cual está pasando actualmente la organización surge a partir de la visita de los trabajadores sociales del Municipio C en julio de este año. Allí, una funcionaria tomó el testimonio de esta madre que denunció no poder ver a su hija, también asegura que la engañaron para perder la tenencia de la misma.
Por su parte, la bancada legislativa del Frente Amplio solicitó la “destitución inmediata“ de Gabriela Bazzano, tanto de la Secretaría del Sistema Nacional de Cuidados como del Pronadis. También resolvió citar con “carácter grave y urgente“ al ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, a la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género. Además, se presentarán ante la Fiscalía General de la Nación para solicitar la reapertura del caso. El senador Olesker desmintió esta semana el respaldo del Mides mientras él estaba a cargo, “a Bazzano le aclaramos muy bien que nosotros no podíamos tener vínculo con organizaciones sin convenio“, explicó.
El Mides, que se había mantenido en silencio durante los primeros días de caos, decidió iniciar una investigación administrativa “de urgencia“ para “esclarecer los hechos“. Sin embargo, el ministro Pablo Bartol decidió oficializar su respaldo a Bazzano y aseguró que “no hay absolutamente ningún elemento“ para removerla del cargo.
Seamos se creó, según ellos, con la finalidad de desarrollar un espacio seguro donde la empatía, la tolerancia y la escucha son los cimientos de un proyecto que pretende cambiar la realidad de muchos, sin embargo, se ve envuelta en esta acusación judicial. El próximo lunes, el mandatario del Mides concurrirá a la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género, en caso de que Bartol no pueda concurrir este lunes, la comisión está dispuesta a reunirse de manera extraordinaria. La defensoría presentó todo el material ante el fiscal de Corte, que derivó el caso a la Fiscalía de Flagrancia 4º de turno. Con un nuevo caso abierto y autoridades gubernamentales involucradas, la pregunta que se hace una parte de la población es si se llegará realmente al fondo del asunto y, de ser así, cuáles serán las medidas a tomar.
Al cierre de esta nota intentamos varias veces comunicarnos con la ONG para que pueda dar declaraciones, pero no obtuvimos respuesta.