Presupuesto 2021: ¿a dónde van los recursos?

Agostina Deiana
Economista, casi magíster en Gestión Financiera del Sector Público. Docente universitaria. PD: Burlesquer, Reina unicornio.

El Gobierno pasó de defender jubilados a recortar el gasto social y, sin rumbo cierto, demuestra que la voluntad política está donde se ponen los fondos. 

Mirá el resumen en video:

A días de finalizar el año, el ministro Martín Guzmán adelantó cómo espera que evolucione la economía para el 2021. Según la mirada oficial, el PBI crecerá más de 5 puntos y, junto con esto, los salarios se recuperarán, bajará la inflación y será posible controlar el precio del dólar.

Estas previsiones, se basan en la idea de que el próximo año se habrán superado las complicaciones a causa de la pandemia y se sustentan en que los recursos del Estado, organizados en el presupuesto 2021, van a ser suficientes para reactivar la economía del país. 

Sin embargo, también reconocen que los gastos previstos serán superiores a los ingresos del 2021, por lo tanto, las cuentas nacionales tendrán un saldo negativo de $2.253.685,9 millones

El impuesto a las grandes fortunas, en esta situación, solo puede llegar a aliviar menos del 14% del déficit estatal para el año que viene. Pero, además, esta entrada extraordinaria no será pagada por todos los empresarios de manera inmediata antes de fin de año. En el corto plazo esta entrada de dinero representa un salvataje a una absoluta emergencia, más que nada relacionada con sectores empresariales, sobre todo el gas y la garantía de precio mínimo que el gobierno estableció para que puedan producir. El problema energético es estructural y no ha sido resuelto por ningún gobierno.

Frente a este panorama, quedan muchas dudas sobre cómo se financiará la obra pública, la educación, la salud y la seguridad social. La respuesta estaría en la emisión de moneda, la reducción de gasto público y/o la toma de deuda que son las alternativas que toman mayor relevancia frente a la necesidad de afrontar el déficit fiscal. 

Emitir moneda no será una opción en el 2021, al menos no para cubrir la totalidad del déficit. Esto fue expresado claramente en el documento de presentación del presupuesto, en el que se fija como objetivo lograr el “manejo de los excedentes monetarios generados durante la situación extraordinaria de la crisis covid-19, canalizándolos a la reinversión productiva y al ahorro en moneda nacional”. Es decir que no se prevé usar esta herramienta para solventar gastos que puedan ir a sostener el consumo, sino que se buscará retirar el dinero que circula en la economía, pese a los efectos que esto pueda traer en términos de crecimiento. La problemática en torno a los excedente monetarios está vinculada a que el dinero emitido para sostener el consumo a causa de la crisis económica no cuenta con respaldo en la economía real, por ende podría significar un factor de aceleración de precios e inestabilidad macroeconómica.

Contrario con las previsiones del ministro Guzmán, la información puesta a disposición por el ministerio deja en claro que las nuevas partidas presupuestarias están lejos de mejorar la distribución de recursos y apuntan a reducir más el gasto público.  

Partida presupuestaria 2020*2021**2021 deflactadoCambio porcentual en términos reales
Seguridad Social 3.750.8343.981.7632.707.599-27,81%
Energía495.370681.926463.710-6,39%
Educación y cultura320.256492.623334.9844,60%
Salud347.582383.187260.567-25,03%
Promoción y Asistencia Social268.552304.553207.096-22,88%

Fuente: elaboración propia en base a información del Ministerio de Economía.

El nuevo presupuesto supone un recorte en términos reales de casi un 30% en Seguridad Social, 25% en Salud y poco más del 28% en la partida de Promoción y Asistencia Social. Esto se debe a que la inflación esperada para el 2021 es del 32% y las partidas presupuestadas no alcanzan a superar la pérdida del valor adquisitivo del peso. Esto es, además, suponiendo que la inflación real anual termine por primera vez en cuatro años por debajo del 45%, caso contrario la pérdida y el ajuste serían aún más drásticos. 

Fuente: Ministerio de economía.

Asimismo, el pago de la deuda pública no está puesto en discusión, pese a las sucesivas declaraciones de parte del oficialismo en relación a las irregularidades sobre su adquisición. La posibilidad de auditar la deuda y fijar posición sobre el no pago de los fondos recibidos del FMI y fugados durante los últimos años no parece ser una opción. Aunque es públicamente reconocido que parte de la deuda es ilegítima y podría haberse optado por el camino de la auditoría, que permitiese determinar un porcentaje de deuda odiosa, es decir, que parte de la deuda no debe pagarse, tal como lo hizo Ecuador. Estas herramientas no tienen que ver con una ideología de extrema izquierda, sino que son los mecanismos que cualquier país que quiera ser justo, libre y soberano, debería usar. En contraparte, se ha decidido no hacerlo, confirmando que la prioridad es cumplir con los mandatos de los acreedores y no hacerlos enojar. 

Para el 2021, se ha previsto pagar un total de $663.859 millones en concepto de deuda pública, de los cuales, 48.200 millones son en moneda extranjera y 231.250 millones corresponde solo al pago de intereses por deuda adquirida. 

Servicios deuda pública presupuesto 2021

El presupuesto 2021 para el Ministerio de Salud es de $198.792, 4 millones de pesos argentinos. Lo destinado a pagar intereses de deuda por préstamos recibidos es 1,16 veces más que los destinado a Salud Pública y es prácticamente el presupuesto total del Ministerio de Desarrollo Social, $252.626 millones.

Con un presupuesto que cubrirá un 30% menos de lo que pudo cubrir este año, resulta difícil pensar en una economía que pueda crecer. Sin políticas de sostenimiento del consumo, no será posible impulsar la actividad económica y mucho menos hablar de la recuperación de los salarios. 

Está claro que la agenda económica 2021 está lejos de responder a necesidades populares y la decisión de dónde se vuelcan los recursos sigue representando más a los intereses de los organismos que no responden a intereses comunes, sino más bien a directivas impuestas por acreedores externos. 

Queda pendiente analizar las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional que, lejos de proveer asistencia financiera legítima, busca encauzar políticas fiscales que redunden en beneficios extraordinarios para sus miembros. E indagar alternativas de acción posibles, como una auditoría de la deuda externa.   

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