Las políticas de comunicación del Uruguay progresista

Federico Barreto
Lic. en Ciencias de la Comunicación con experiencia en políticas públicas y organizaciones sociales. PD: Sigo queriendo ser astronauta, uds. no?

Segunda entrega de la investigación y análisis sobre la batalla público privada de los medios de comunicación y sus monopolios en el Uruguay.

Al listar las reformas estructurales que caracterizaron los quince años de gobiernos frenteamplistas, las políticas de comunicación miran el podio desde lejos. No obstante, sin querer queriendo, algunas reformas lograron mayor justicia y transparencia en el sistema de medios. En paralelo, el sector público de las telecomunicaciones se abrió camino y alcanzó niveles de vanguardia global. Ni la prudencia de unas, ni la audacia de otras, lograron contener la actual arremetida de la restauración oficialista.

El programa del Frente Amplio que lo llevaría al gobierno en 2005 ya incluía una detallada propuesta de reforma para el sistema mediático nacional. Pese a que las prioridades estuvieron marcadas por la agenda social, laboral, sanitaria y económica, la hoja de ruta para la democratización de las políticas de comunicación incluyó algunos hitos relevantes.

Por impulso de las organizaciones sociales, la Ley de Radiodifusión Comunitaria de 2007 regularizó la situación de muchas pequeñas radios locales, hasta entonces perseguidas como ilegales. En 2008, se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública y se reguló con mayor claridad el proceso de asignación de nuevas frecuencias comerciales, similares a las establecidas para el sector comunitario con participación de una comisión técnica asesora y audiencias públicas. Además, en 2009, el Parlamento modificó la Ley de Prensa y se eliminó el delito de calumnias e injurias.

Con respecto al sector de la información y telecomunicaciones, se destacó la creación del Plan Ceibal y la ampliación de la cobertura y baja de costos de acceso a internet a través de ANTEL. Además, en su momento, Tabaré Vázquez anunció el Plan Cardales como primera propuesta de unión tecnológica en el sector infocomunicacional. Esta política abría las puertas a que las empresas comerciales ofrecieran el “triple play” (cable, teléfono e internet) y pudieran así competir directamente con ANTEL. Pero la oposición del propio Frente Amplio hizo que esta iniciativa naufragara.

DE LA PAPELERA AL MÁRMOL

En 2010, a comienzos del gobierno de José Mujica, se dio inicio al proceso de regulación del sistema mediático nacional con la creación de un Comité Técnico Consultivo que contó con representación de actores empresariales, sociales y académicos y arribó a más acuerdos de los esperados. Este camino incluyó hasta la desautorización del propio presidente, quien anunció que no sabía de ninguna ley en proceso y que, si llegara a sus manos, terminaría en la papelera. No obstante, con su firma la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) 19.307 se terminó de aprobar en diciembre de 2014, cuando la fórmula Tabaré Vázquez – Raúl Sendic ya había ganado las elecciones.

En pocos meses, las principales empresas de comunicación presentaron más de 30 recursos de inconstitucionalidad contra la mayor parte de la nueva norma. Vázquez resolvió aguardar la validación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para comenzar con su implementación. De sus 202 artículos, 2 fueron declarados inconstitucionales en su totalidad y 6 parcialmente.

El propio presidente de la SCJ, Dr. Ricardo Pérez Manrique, declaró que la LSCA era una “buena ley que cumple una finalidad de tipo constitucional”. El magistrado sostuvo que “la estructura en cuanto a derechos de los usuarios, la estructura en cuanto a la creación de un organismo independiente y con integración multisectorial (…) ha superado el test de constitucionalidad, así como la gran mayoría de la norma”.

Con la validación judicial, en junio de 2018 el Poder Ejecutivo aprobó finalmente la reglamentación de la LSCA. Pero los actos de resistencia no terminarían allí. Por ese entonces, la oposición dejó sin quórum la Asamblea General a la hora de designar a los integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual. Además, con la puesta en marcha de las campañas de bien público, los canales privados presentaron nuevos recursos administrativos. 

Por esas fechas, el Parlamento también discutía el proyecto de ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, que mucho tiene que ver con los costos asociados a la publicidad en radio y televisión privada. Esta norma no prosperó por la fuerte resistencia de los partidos de oposición al Frente Amplio.

En los cinco años de vigencia de la LSCA, no se han registrado casos de afectación a la libertad de expresión ni “mordazas” al periodismo.

TV DIGITAL, MEDIOS PÚBLICOS E INSTITUCIONALIDAD 

En paralelo, se concretó la llegada de la TV Digital. Aunque generó grandes expectativas de mayor pluralismo y transparencia, las marchas y contramarchas del gobierno y la presión del sector comercial para mantener el statu quo terminaron por empañar el proceso. El Poder Ejecutivo adjudicó automáticamente señales a las empresas tradicionales, pese a que estaba previsto un proceso con mayor participación de las audiencias. Además, la postergación indefinida del apagón analógico -cese de emisiones de TV en el formato tradicional- condicionó las estrategias comerciales de los nuevos actores interesados, lo que limitó su llegada a las pantallas. 

Durante las administraciones frenteamplistas, el sistema de radio y televisión pública fortaleció su presupuesto, equipamiento, programación y cobertura territorial. No obstante, en general, hubo carencia de rumbo estratégico y dificultades en la gestión que no se solucionaron. Tampoco se logró implementar una institucionalidad que garantizara su independencia del gobierno de turno. Pese a que la LSCA vigente establece grandes avances en la materia, en su mayoría no llegaron a implementarse.

Poco se avanzó también en materia de institucionalidad pública para la regulación y rectoría del sistema mediático. Recién en el 2000, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC) absorbió las competencias de la Dirección Nacional de Comunicaciones, que desde la dictadura funcionaba en el Ministerio de Defensa. En 2005, se creó la Dirección Nacional de Telecomunicaciones en el Ministerio de Industria, pero pasaron cinco años para que pudiera asumir un rol verdaderamente activo con el proceso de elaboración de la LSCA.

LOS MALOS CONOCIDOS

Según los académicos Gabriel Kaplún y Federico Beltramelli, durante aquellos años convivieron dos estrategias políticas. Por un lado, un pacto silencioso de paz política con las grandes empresas de comunicación, a cambio de regulaciones proteccionistas y un flujo constante de publicidad oficial. En paralelo, se avanzó en el fortalecimiento de las telecomunicaciones estatales en una apuesta por el ocaso de los medios tradicionales y el apogeo de las comunicaciones audiovisuales a través de internet.

Pese a este proceso de “avanzar frenando”, es justo reconocer que los gobiernos del Frente Amplio, con no pocas contradicciones, contramarchas y contrasentidos, fueron los primeros en proponer una visión y diseño programático integral del sistema mediático nacional. Con la llegada de la coalición de derechas en 2020, tal como fue anunciado en campaña, el tema sí cobró primera relevancia. Tras la Ley de Urgente Consideración y el Presupuesto Quinquenal, la principal prioridad para comienzos de 2021 es la desregulación total del sistema de medios que permitirá los mayores niveles de concentración y extranjerización de la comunicación abierta en la historia del país, superando incluso los tiempos de dictadura militar.

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