La adolescencia y el punitivismo en Uruguay

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La crisis sanitaria y socioeconómica que impactó al mundo entero significó una serie de transformaciones masivas que afectaron a todos los estratos sociales; desde el stop de la economía, hasta la salud mental en circunstancias de encierro o distanciamiento social. Estas realidades han potenciado las desigualdades estructurales que siempre se ven reflejadas con mayor gravedad en las cárceles. 

Según un informe de la Fiscalía General de la Nación (2020), Uruguay mantiene una tasa de 366 personas privadas de libertad cada 100 mil habitantes. Por lo que está dentro de los 20 países del mundo con más personas en privación en proporción a la población total. El 50% de la población carcelaria tiene alguna afectación en salud mental, lo cual en el contexto de pandemia se vio expresado en aumento de tensión, fruto de suspensión en los talleres alternativos, así como los límites para las visitas semanales (sobre todo en la imposibilidad de que concurran niños/as).

Desde la creación del Código del Niño y la Adolescencia en 2004, las políticas criminales han sido el aumento de penas. Actualmente existen unos 300 adolescentes en los distintos centros del Instituto Nacional de Inclusión Social (INISA), siendo un 3% de la población carcelaria total y representando un 8% de los delitos cometidos en Uruguay.

En seguridad, con especial énfasis en la adolescencia, se continúa criminalizando a esta población como la gran responsable de la inseguridad ciudadana, a pesar de que la realidad sea otra y que los datos revelen lo equívoco de esa percepción. 

Por otro lado, con la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC), se cambiaron más de 400 artículos. Un recurso que incluía cambios en materia de seguridad, educación, salud, etc. En medio de ese debate político, las adolescencias se llevaron la peor parte en la percepción social respecto a su rol en la inseguridad, traduciéndose en cambios sustanciales en el abordaje de sus procesos penales.

Parte de las reformas que se impulsaron: nuevo aumento de penas, un limitante en los regímenes que permiten al adolescente visitar a su familia o realizar actividades externas mientras cumple su condena y modificaciones en los procesos que habilitan disminuir sus penas una vez que hayan declarado los hechos. Sin base empírica alguna, se intenta solucionar de manera punitiva e insistiendo en un camino que siempre ha fracasado. 

  • El artículo 75 elimina la oportunidad de semilibertad para los y las adolescentes que hayan delinquido gravemente, incluyendo hurto y rapiña, pero sin contemplar si fue su primer delito.
  • El artículo 76 aumenta el plazo máximo para la privación de adolescentes, de cinco a diez años.
  • El artículo  77 duplica la duración mínima de la privación de libertad de uno a dos años para algunos delitos graves (cometidos por adolescentes entre 15 y 18 años).

Estas modificaciones son inconstitucionales, ya que los pactos adoptados por Uruguay e incorporados en la Constitución indican en la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 37 literal B: 

“Los Estados Partes velarán por que […] La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”. 

El artículo 26 inciso 2 de la Constitución expresa: “ En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”.


Siguiendo con la reforma, el artículo 78 amplía la cantidad de delitos que impiden la eliminación de antecedentes judiciales cuando el adolescente cumpla la mayoría de edad o cumpla su condena. Esto potencia el estigma, define a los adolescentes y va en contra del fin reeducativo que tiene que tener el sistema carcelario.

El INISA fue creado en el 2015 bajo la Ley 19.367 con el fin de aplicar medidas socioeducativas, tanto privativas como no privativas, hacia las adolescencias en conflicto con la ley. Andrea Venosa, actual directora de este organismo, en diferentes entrevistas ha manifestado su preocupación respecto al informe presentado en febrero de 2020 donde se alertaba respecto a que la aprobación de la LUC traería un aumento en la población a cargo del INISA.

Hay que sumar el debate sobre la Ley de Presupuesto. Hasta el 2019, la distribución presupuestal no distinguía entre el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) y el Instituto Nacional de Inclusión Social (INISA). En 2020 esto cambió y comenzó a ser pensado por separado. Lo cual significa un problema por no tener en cuenta los gastos del INISA que estaban a cargo del INAU.

Este organismo, bajo su responsabilidad de apelar a la inserción social de adolescentes, se recorta en un 15% por el decreto 90/20 y en un 25% por el proyecto de Ley del Presupuesto. Esto es un 30% menos en gestión y calidad de alimentación, y un 80% en obras y mantenimiento, según lo expresado por la directora Andrea Venosa.

El punitivismo, su trayectoria histórica y apartidaria:
Su crecimiento se ha dado tanto en gobiernos progresistas como en conservadores, y sus consecuencias siguen afectando en las prácticas cotidianas. Los discursos constructores de realidades hacen que sufran los mismos de siempre. Según el informe del Comisionado Parlamentario Penitenciario (2019), la población carcelaria en Uruguay está atravesada por tres características generales: varones, jóvenes y pobres.

El 9 de noviembre, el actual ministro del Interior, Jorge Larrañaga, informó que Uruguay supera nuevamente su cifra histórica en población carcelaria, existiendo actualmente unas 13.013 personas privadas de libertad en los 25 centros carcelarios del país.


Se siguen proponiendo medidas que aumentan penas y población carcelaria, consolidando la idea del encierro como el único camino posible. Todo esto va en contra de los fines de los organismos y se encamina a generar más tensión institucional.

Fuente: Papelógrafo realizado por adolescentes privados de libertad bajo la consigna: “REPENSAR(NOS)”. Recortes elegidos por ellos para expresar su propia realidad.

Incumpliendo los tratados internacionales y yendo en contra de los objetivos de la pena como un proceso de resocialización pedagógica, el camino del punitivismo solo aporta a la criminalización y un futuro sin oportunidades. El capricho de encerrarlos y perpetuar su rol como los enemigos públicos de la seguridad, sigue calando hondo en los discursos y políticas criminales. 

Repensar desde la sociedad es necesario para optar por vías reales que lleven a una mayor seguridad ciudadana para todas las personas. En este camino no podemos olvidarnos de quienes se llevan la peor parte dentro del sistema social y, particularmente, en nuestro sistema carcelario: las adolescencias. Sin oportunidades socioeducativas que faciliten una reinserción social, es muy difícil sostener la idea de un futuro más seguro.

Citando el informe del Comisionado Parlamentario Penitenciario (2019): “La violencia que surge en la sociedad se traslada a la cárcel y de la cárcel vuelve potenciada a la sociedad cuando no existen ‘filtros’ que transformen la deshumanización, la falta de empatía, la falta de habilidades, las carencias (de salud, educación capacitación) más diversas”. 

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