¿Hacia dónde va la educación uruguaya?

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El gobierno uruguayo involucra actores privados para desarrollar el sistema educativo, dejando de lado a los colectivos docentes.

Con la Ley de Urgente Consideración (LUC), en Uruguay, se modificó de raíz el funcionamiento del Estado. En este artículo nos detendremos en los cambios del sistema educativo uruguayo. ¿Los cambios de la LUC implican un modelo privatizador? ¿Qué cambia en la gobernanza de la educación? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con la LUC?

En su página web, el presidente Luis Lacalle Pou señaló: “La educación uruguaya está en problemas, y eso significa que toda la sociedad tiene un inmenso desafío. Si no conseguimos revertir las tendencias de los últimos años, corremos el riesgo de consolidar una realidad de fractura y exclusión, donde sólo unos pocos tendrán auténticas oportunidades”.

En campaña electoral, también señaló que Mauricio Macri, cayó en un gradualismo inerte. Y dijo que su estrategia consistiría en un shock de austeridad, porque “el gradualismo aplicado de determinadas maneras termina siendo inerte, no sirve, no genera consecuencias ni resultados”. No mintió. La LUC ha sido, sin lugar a dudas, un shock que en su versión inicial proponía 457 artículos que abarcaron todas las áreas del Estado uruguayo. “Una nueva forma de hacer política”, señalaba el actual ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Al respecto, la ex vicepresidenta y actual senadora frenteamplista, Lucía Topolansky, dijo: “Esto habilita a lo que a mí me parece peligroso. Transcurren los cinco años, un partido ‘X’ gana las próximas elecciones, tiene sus mayorías y manda una ley de urgente consideración de 3.000 artículos y se acabó el Parlamento”.

Este gráfico elaborado por Cooperativa Comuna, muestra la cantidad de artículos sobre educación que fueron presentados en el primer proyecto de la LUC y la cantidad de artículos acordados y aprobados por la actual coalición de gobierno:  

Muchas han sido las críticas que la LUC generó en los distintos movimientos sociales. Lo más señalado fue el carácter poco democrático que implica combinar 457 artículos en una sola ley, ya que este formato legislativo exige un plazo de 90 días para ser aprobada o rechazada por el Parlamento. En caso de que el Poder Legislativo no llegue a una resolución, automáticamente queda aprobado el paquete de medidas enviadas por el Poder Ejecutivo. Para referirnos a los cambios en materia educativa, cabe centrarse en los 79 artículos que han venido a llevar a cabo esa “nueva forma de hacer política” señalada por el ministro.

Cambia todo cambia

A continuación, la lectura podrá ser un poco engorrosa por la cantidad de siglas. Sin embargo, en ellas está el nudo central para comprender los cambios fundamentales que la LUC ha generado en la educación uruguaya. 

Hasta la LUC, el artículo 54 de la Ley de Educación del 2008 establecía que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) tenía 5 órganos desconcentrados: Consejo Directivo Central (Codicen), Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), Consejo de Educación Secundaria (CES), Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP) y Consejo de Formación en Educación (CFE).

El articulado de la LUC mantiene el Codicen y el CFE, mientras elimina el CEIP, CES y CETP, que pasan a ser Direcciones Generales. Además pasan de ser un órgano compuesto por cinco miembros a convertirse en un órgano unipersonal. La participación docente se mantiene en el Codicen como en el Consejo de Formación en Educación, pero no en la Dirección General de Educación Inicial y Primaria,  en la de Secundaria y en Educación Tecnico Profesional. La eliminación de la representación docente en los consejos de ANEP ya había sido anunciada por el Partido Nacional en su programa de campaña (pag. 164), donde se añadía: “La enseñanza es un asunto ciudadano y debe ser gobernada por los representantes de los ciudadanos”

A su vez, la LUC elimina la existencia de la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de la Educación Pública y establece, en el artículo 184, la creación de la Comisión Coordinadora de la Educación. Con este cambio, los organismos públicos de la educación (como la ANEP, Universidad de la República y Universidad Tecnológica) pierden influencia en los espacios de discusión y toma de decisiones. Por contraparte, se incorporan nuevos actores: representantes del ámbito privado en sus tres niveles, las instituciones de formación policial y militar, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), Instituto del Niño y el Adolescente en Uruguay (Inau), Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos (Sodre).

La Cooperativa Comuna, en su análisis “La educación en la LUC”, señala: “Por un lado, el cuerpo docente ya no tendrá participación en tres de los órganos desconcentrados de la ANEP, lo que actualmente son el CEIP, CES y CETP y que ahora se convierte en Direcciones Generales. Esto sin duda le quita potencia a los colectivos docentes, ya que el hecho de participar en los ámbitos de decisiones genera instancias de articulación y pienso colectivo para elaborar propuestas que intentan mejorar la construcción de políticas educativas”.

El artículo 145 (que se refiere a las funciones del Ministerio de Educación y Cultura), establece que el MEC tendrá la potestad de elaborar políticas educativas acordadas con los tres consejeros designados por el Poder Ejecutivo. Los consejeros electos quedan fuera de la elaboración de políticas educativas, pasando a depender en forma directa del Poder Ejecutivo

También se eliminó  el requisito de contar con al menos 10 años de experiencia en la educación pública para ocupar cargos directivos. Ahora pueden participar actores del ámbito privado. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de miembros de la Comisión Coordinadora de la Educación provienen del Poder Ejecutivo, podemos responder la pregunta que da título a este artículo de la siguiente manera:

La educación uruguaya quedó desbalanceada en sus influencias. Esto supone un retroceso en su democracia, corriendo el riesgo de caer en la suerte de los sistemas educativos que, como el modelo español, modifica sus rumbos cada nueva elección, perdiendo la pretensión de que la educación sea regida por políticas de Estado. En ese sentido, vale la pena tener presentes las resoluciones de la Asamblea Técnico Docente del año 2014: “Para que el desarrollo de la educación pública no dependa de los vaivenes de las políticas de los gobiernos de turno. Es necesario un sistema educativo público con autonomía y cogobernado”.

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