Formosa: Violaciones de Derechos Humanos, mentiras y complicidad

Nazareno Roviello
Nazareno Roviello
Periodista de investigación, analista político y activista de DDHH. Me especializo en terrorismo estatal y cárceles. PD: Me dicen "El Datos" y como tenía mucho tiempo libre se me ocurrió crear este medio.

La decisión política del Partido Justicialista por mantener la impunidad donde reina el hambre y las violaciones de Derechos Humanos.

En  Argentina, todo se puede prestar a interpretación y usar para el juego político. La profundización de una supuesta grieta entre políticos, intensifica solamente el hambre y las graves condiciones de vida o subsistencia que sufren más de 25 millones de habitantes pobres cada día.

Formosa es un paradigma de la eternización de la pobreza y el poder de los políticos en la Argentina y, aunque el gobernador intente distanciarse del problema y no hacerse cargo diciendo que todo es una campaña mediática del Grupo Clarín y de los opositores al gobierno de Alberto Fernández. Esto muestra un defecto más de un sistema político que no se debate en profundidad, pero que eligen sostener en el silencio. No debería importar el partido político, deberían importar los hechos. 

Las condiciones objetivas de vida de los habitantes de Formosa luego de más de 26 años de gobernación de Gildo Insfrán son responsabilidad del gobernador. Cuando gobernaste el mismo lugar durante un cuarto de siglo, no se le puede echar la responsabilidad a otra persona que no seas tu mismo. Además de sus períodos como gobernador, tiene 2 previos como vicegobernador y 2 como diputado provincial. Si Gildo Insfrán no tiene responsabilidad en la situación de Formosa, al menos debería renunciar.

Los crudos números

Mortalidad infantil: Dependiendo el año, Formosa se ubica siempre como primera o segunda provincia con mayor mortalidad infantil.La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es aaa.pngFuente: Ministerio de Salud

La mortalidad aumenta y se concentra, además, en las poblaciones originarias de la provincia integrada por los Pilagá, Wichí y Toba Qom. La provincia encabeza el ranking nacional de mortalidad materna, con 14,4 casos cada 10 mil nacimientos.

Pobreza: La provincia se encuentra entre las más pobres del país hace años. Entendiendo que el último censo fue realizado en el 2010 y que este año por motivos de pandemia no se pudo realizar, los políticos continúan con la ventaja de malas estadísticas, números antiguos y poco transparentes, podrían ser mucho peor. Aún así todos los índices oficiales y no oficiales relatan la absoluta desidia estatal. Los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior de la Nación, en 2017 había 167 empleados públicos por cada 100 trabajadores privados en la provincia lo que muestra la dependencia y el poder concentrado en el Gobernador.

Es la segunda provincia más pobre del país. Tiene una población de más de 570 mil habitantes y la mitad vive en la Ciudad de Formosa. Con números del Instituto Nacional De Estadística (INDEC), menos del 10% de la población llega a la universidad y más del 50% no terminó el secundario al momento. 

La pobreza a números del 2020 alcanza el 42.4% en la ciudad y aumenta hacia las poblaciones alejadas, mientras que los niveles de indigencia llegan al 8.8%. 

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La Ciudad de Formosa es la octava ciudad más pobre del país, con una pobreza que aumenta todos los años sin parar y es también el aglomerado que tiene la tasa de actividad más baja del país con 30.1% a números del 2020.

El riesgo de trabajo infantil es del 7.8%, está por encima del general de la región (7.2%) y es una problematica por la cual los niños y niñas no terminan su escolaridad. La mayor parte del trabajo se concentra en lo rural, los campos de algodón u otros cultivos y son los sectores que más promueven la explotación infantojuvenil. Junto a Chaco son las provincias con mayor analfabetismo y, al igual que el resto de los números, se agravan hacia el interior de la provincia con las poblaciones originarias. 

El paraíso del sanitarismo humanitario

Los números muestran una escena general de lo duro que es para la mayoría de los habitantes de Formosa sobrevivir. Números que también se notaron con el Ingreso Familiar de Emergencia, donde se ubicó entre las provincias que más ayuda social necesitó. Pero la preocupación por Formosa y el foco en ella este año no se puso por eso, sino por las denuncias que comenzaron a realizarse por la arbitrariedad del Gobierno en las políticas “sanitarias” y la condición precaria de sus centros de aislamiento.

Abril: Comenzaron habilitando 8 centros de aislamientos donde supuestamente había plazas para 478 personas pero ya se encontraban más de 1200 personas realizando cuarentena tras regresar desde otros lugares. El Gobierno estableció el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado que significaba pedir un permiso para ingresar a la provincia y esperar meses para ver si eras autorizado. Aunque si bien no había transporte, acorde a las leyes nacionales y repetidas sin autoridad por la Ministra de seguridad Sabina Frederic “Las provincias tienen límites, no fronteras” por lo cual el prohibir el regreso de las personas era algo ilegal. La primera decisión de la Justicia también llegó en abril cuando el juez federal Fernando Carabajal hizo lugar a un habeas corpus presentado por las condiciones de aislamiento en la Escuela de Cadetes que repetía las mismas de todos los centros: Sin distancia mínima y baño compartido para más de 30 personas, totalmente contraproducente para el supuesto criterio sanitario que se buscaba. Como aclaran todo el tiempo políticos y personalidades públicas, el objetivo colectivo de superar una pandemia no es motivo para incumplir los tratados de Derechos Humanos que exigen condiciones mínimas aún en centros de aislamiento. Lo mismo sucedió en todo el país donde no había personal sanitario, sino policial y por eso se registran en cada provincia hechos represivos. Este juez también fue acusado por el Gobierno formoseño de “desestabilizar el sistema sanitario” cuando exigía mejores condiciones.

El primero que rompió los protocolos en Formosa fue el propio presidente Alberto Fernández que abrazó en un acto público a Gildo y se paseó sacándose fotos sin barbijo con la gente, varias veces. Ellos no recibieron multa ni apercibimiento ni condena penal.

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Luego de 100 días de supuesto éxito sin covid, los primeros casos aparecieron justamente por las irregularidades de los centros de aislamiento. En junio circulaban las primeras fotos de la nula distancia que había en algunos centros y cómo los aislados compartían todos los espacios sin distancia correspondiente. Hasta se festejó el cumpleaños de un niño de 6 años que fue organizado por la propia Policía. Las denuncias comenzaron a brotar de manera más pública por los propios alojados en los CA.

Septiembre: Se conoció el caso de Jorge Fritz, un camionero que revisaba su camión en la ruta y aunque su hisopado dio negativo pasó detenido en una celda los 15 días de aislamiento de manera ilegal.

También los albergados del centro Gran Guardia, a 80km de la capital, denunciaron que el centro estaba inundando, sin condiciones y lleno de cucarachas, escarabajos y víboras, lo cual puede ser muy común en determinadas zonas pero agrega un problema y  estrés por las condiciones de aislamiento.  

Octubre: El caso del joven de 23 años, Mauro Rubén Ledesma, fallecido luego de intentar cruzar nadando el río Bermejo. El Gobierno formoseño negó que Mauro fuese formoseño, pero había pedido el ingreso formal en agosto que no le fue entregado por no ser prioritario, a pesar de que intentaba regresar a encontrarse con su compañera e hija. 

Ya había más de 8000 varados en todo el país que demandaban ingresar a Formosa y eran representados por abogados. La provincia, imponiendo fronteras que no existen, jugaba con la vida y el dinero de la gente que no se sabía en qué estado se encontraban. 

Noviembre: la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el Estado formoseño tenía 15 días hábiles para que “arbitre los medios necesarios” a fin de normalizar el ingreso de los varados a la provincia.

El 24 de noviembre se filtraron videos de la fiesta clandestina que organizó el sobrino de Gildo, Carlitos, por su cumpleaños. Estaba prohibido realizar reuniones de más de 10 personas pero quedó impune.

Del 26 al 28 de noviembre, informadas por el Estado formoseño, ingresaron 996 varados del país. Contabilizando al menos 15 días después, como aislaba el gobierno, no solo no hay un aumento de casos sino que hay días donde hubo descenso de casos de covid-19. Lo que derriba los argumentos que el propio Gobierno sostiene.La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es grg-1024x263.png

Los casos aumentaron en enero tras las fiestas, como sucedió en todo el país. Para el 29 de noviembre ya habían ingresado 1153 personas de los varados. 

El caso de Zunilda Gómez, una joven que fue llevada al hotel Embajador luego de resultar contacto estrecho. Cuando ya se estaban por ir de aislamiento a su marido lo separaron a otro centro porque le dio resultado positivo. Cuando exigieron el estudio les dijeron que no se lo iban a dar. Pasaron aislados desde el 19 de diciembre hasta el 22 de enero y en el medio pasaron 5 hisopados negativos, según relata la propia Zunilda, que a pesar de ello quedó encerrada con sus 3 hijos y cursando un embarazo. Debido al estrés y la angustia de toda la situación, Zunilda Gómez comenzó a tener pérdidas y dolores. Su obstetra le recomendó medicamentos que logró conseguir, pero la situación empeoró. Sin asistencia médica hasta que se desangró, tuvo que dejar a sus hijos solos durante 12 horas mientras era intervenida en el hospital donde le hicieron un legrado luego de haber perdido su embarazo. 

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Su marido cursaba su enfermedad en el CAP del Estadio Centenario en el cual hubo protestas y conflictos con pacientes que reclamaban por las condiciones de hacinamiento. Las denuncias se repetían: muchas personas en un mismo lugar, baño compartido y la incertidumbre que provoca el Estado al mezclar pacientes de covid con personas que no saben si aún tienen el virus. 

La mala comunicación fue otra de las denuncias más comunes donde empleados, voluntarios, policías, personal de salud o quien estuviese, carecían de respuestas para darle a los aislados que terminaron denunciando que pasaban aislados más días de los que correspondía. 

Enero: La abogada Gabriela Neme, representante de pacientes del Estadio Centenario, presentó una denuncia penal contra el gobernador Insfrán y el ministro Jorge Abel Gónzalez por “hacinamiento y condiciones inhumanas”. 

El 21 de enero Gabriela Neme y la concejal Celeste Ruíz Díaz fueron detenidas en la protesta afuera del CA, escuela N°18 donde reclamaban por 19 personas que eran retenidas aún luego de haber dado negativo en covid. Si bien las aglomeraciones no están permitidas, es justamente el propio Estado formoseño el que termina prendiendo la pólvora de esta supuesta campaña en su contra con estas 2 detenciones, luego de todo lo que había sucedido. Se convirtió en un escándalo nacional donde por supuesto hay intereses políticos, pero nada debe importar más que las condiciones objetivas de violaciones a los Derechos Humanos.

También fue publicado el pedido de Amnistía Internacional hacia las autoridades de la provincia de ser respetuosos con los DDHH y relatan en el documento, además de algunas cosas ya mencionadas: 

“No se les brindaría información de su situación de salud, o se lo hace de palabra sin tener acceso a los resultados de sus test COVID-19, se les harían varios hisopados sin que se le pida consentimiento, resultando todo ello violatorio de su derecho a la información, al consentimiento informado, a la salud, entre otros.

La duración de las cuarentenas en los CAS habría excedido los 14 días, llegando incluso a los 30 días. Se obligaría a permanecer a niñas, niños y adolescentes y, en algunos casos, sin el acompañamiento de sus padres o familiares. Custodiados las 24 hs. por personal policial mientras que el personal de salud solo se presentaría una o dos veces al día.

No cumplirían con condiciones higiénicas y de salubridad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar la propagación del virus y respetar la dignidad de las personas, permaneciendo más de 200 personas en un estadio, sin intimidad, ventilación, espacios de recreación y compartiendo los sanitarios. Muchas personas serían obligadas a permanecer allí, sin brindar su consentimiento. Algunas han sufrido crisis, angustia y depresión y no han sido atendidas adecuadamente.

De acuerdo a información oficial, se encontraban alojadas en los centros de aislamiento 3094 personas, pero solo había 622 casos de covid-19 activos.

“Los testimonios que recibió Amnistía Internacional muestran la vulneración de derechos a los que son expuestos los ciudadanos formoseños. La pandemia no debe ser una excusa para que los Estados violen sus obligaciones en materia de Derechos Humanos”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Un testimonio que sustenta muchas cosas de las que se vienen denunciando es el de la psicóloga Laura Rodriguéz. Relató lo angustiante y violatoria que resultó su proceso desde que policías la escoltaron de su casa hasta su paso por el centro de aislamiento en la escuela N°66.

Insfrán, quien denunció que todo esto se trata de una “feroz campaña” en su contra por parte de políticos y medios opositores, fue respaldado por un comunicado oficial del Consejo Nacional del Partido Justicialista, firmada por su presidente José Luis Gioja y sus vicepresidentes entre los cuales se encuentra el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. 

Descripto como un gran gobernador, como lo ha hecho en otra oportunidad el presidente Fernández, e insistiendo con que todo esto es una campaña en su contra.

Quizás los políticos no recorren los barrios ni tienen que vivir con un sueldo básico, ni han transcurrido sus días en esos centros de aislamiento y pueden decir de manera holgada, desde el privilegio, que Insfrán es un gran gobernador y que no ha pasado nada, no se han violado los DDHH. Pese a lo que dicen, varias pruebas indican lo contrario.

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