El pueblo VS. la justicia y el trigo transgénico

Belén Silva
Belén Silva
Abogada, ecofeminista, militante de derechos humanos en relación al ambiente. PD: ¡Coman más legumbres!

Una inédita acción de amparo colectivo pluricultural para frenar el avance del trigo transgénico en la provincia de Buenos Aires. 

La litigiosidad ambiental está creciendo a pasos agigantados en todo el mundo y la Argentina no escapa de esa realidad. La ratificación del Acuerdo de Escazú y la Ley Yolanda pueden ser vistas como una oportunidad para un poder judicial que necesita ser capacitado para dar completas y eficaces respuestas. Mientras tanto, en la lucha territorial se gestan nuevas estrategias para alcanzar ese ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano que tutela la Constitución Nacional.

Un ambiente más justo

¿Será posible que el 2021 traiga una justicia más capacitada para dar más rápida y justa  solución a los conflictos socioambientales? En septiembre y noviembre de 2020 el Congreso de la Nación Argentina aprobó dos leyes que permiten repensar el acceso a la justicia ambiental. 

El Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, establece elementos que serán medulares para quienes resisten al extractivismo en los territorios.

El acceso a la justicia representa generar una cercanía. En primer lugar, física con los sectores de mayor presencia en conflictos socioambientales  que suelen encontrarse alejados de los centros urbanos. En segundo lugar, una cercanía de conocimiento, quienes se encuentren en puestos de toma de decisión como los jueces deben contar con una perspectiva ambiental. El derecho ambiental tal como se conoce hoy, dista del que se dictaba en las universidades hace décadas, donde los bienes comunes eran percibidos sólo como recursos susceptibles de provecho económico.

La ley Yolanda recibe su nombre por Yolanda Ortiz, primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Argentina y de América Latina, designada durante el gobierno de Juan Domingo Perón en 1973. Esta ley supone una capacitación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y énfasis en cambio climático. Reafirma el carácter transversal del ambiente, al reconocer su incidencia en todos los niveles de la función pública, subrayando la necesidad de que los tres poderes del Estado nacional diseñen, evalúen e implementen políticas públicas con perspectiva ambiental.

Mientras se articulan las herramientas que plantean las dos leyes, los sectores que resisten en los territorios se ven forzados a judicializar los conflictos ante la falta de respuestas eficaces que permitan una resolución en el ámbito administrativo.

Más cizaña que trigo.

El 7 octubre de 2020 la soberanía alimentaria recibió un nuevo embate, la aprobación en Argentina del primer trigo transgénico del mundo. En una colaboración público-privada entre la empresa Bioceres y la Universidad Nacional del Litoral se anunció una variedad de trigo resistente a la sequía presentado como solución a la crisis hídrica que atraviesa el país. El equipo dirigido por Raquel Chan, investigadora del CONICET, logró repercusión internacional al alcanzar la primera tecnología transgénica desarrollada íntegramente en Argentina: la HB4.

La aprobación del paquete tecnológico incluye un herbicida denunciado en 2012 por el Dr Andrés Carrasco, el glufosinato de amonio. Intoxicaciones agudas, convulsiones, pérdida de memoria, autismo, desequilibrio intestinal, alteración en la respiración, son algunos de los efectos causados por el herbicida prohibido desde el año 2017 por la Unión Europea.

La aprobación para la comercialización, otorgada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a cargo de Luis Basterra, fue condicionada a la aceptación de Brasil, principal importador del trigo argentino. La Asociación Brasileña de la Industria del Trigo (Abitrigo) expresó su rechazo a esta tecnología, toda vez que no se han identificado beneficios evidentes para las personas, siendo el objeto exclusivo de buscar incrementar la productividad del campo. En una encuesta interna realizada por Abitrigo a molineros brasileños, el 85% no estaba a favor de utilizar trigo transgénico y el 90% dijo estar dispuesto a detener sus compras de trigo argentino, en caso de que comenzara la producción comercial y una posterior exportación a Brasil.

El posible rechazo de la nación vecina no desanimó a la campaña de promoción del nuevo paquete tecnológico, siendo promocionado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a Túnez (país del norte Africano) como innovación tecnológica ante el estrés hídrico. Durante el 2019, África sumó más hectáreas con cultivos modificados genéticamente, pero quedando muy por detrás de la Argentina que se ubica en el top 3 de países que mayor cantidad de organismos genéticamente modificados (OGM) cultiva.

Consejo Argentino para la información y el desarrollo de la Biotecnología (ArgenBio). Fuente: International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications.

Un trigo de libertad

En una acción judicial colectiva pluricultural, comunidades indígenas, organizaciones y asambleas de pueblos fumigados, ecofeminismo, consumidores, consumidoras y emprendimientos de la agricultura familiar de distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires, se presentaron ante la justicia, para detener la liberación del trigo transgénico en dicha jurisdicción provincial. El expediente quedó radicado en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil No 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, a cargo del Dr. Néstor Adrián Salas.

El planteo judicial ofrece un enfoque novedoso, siendo que hasta ahora la problemática fue abordada desde la perspectiva del rechazo a los OGM y sólo contra el Estado Nacional.

La amplia representatividad de los colectivos y comunidades que firman el amparo ambiental se ve reflejada en la variedad de fundamentos utilizados en la demanda.

Quienes forman parte del sistema de producción agroalimentario exigen la protección y defensa a seguir produciendo agroecologicamente, es decir respetando las variedades de semillas criollas, los ciclos de la naturaleza y sin utilizar químicos que dañen la salud del ambiente y de las personas. El paradigma de la agroecología va en el sentido que el Art 41 de la Constitución Nacional asegura, la satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Misma tutela se encuentra en la ley general del ambiente Nº 25.675 en su principio de equidad intergeneracional.

La liberación de esta variedad de trigo transgénico podría contaminar genéticamente (mediante vientos o insectos) el cultivo de cientos de hectáreas de los emprendimientos firmantes, vulnerando el derecho a la producción agroecológica generando un daño irreparable.

Estos grupos también  reclaman por el derecho a la salud, a una alimentación adecuada y la soberanía alimentaria. En 2019 una producción de 5.9 toneladas de trigo fue destinada al consumo doméstico. Siendo uno de los cereales más utilizados en la dieta cotidiana.

En el ámbito nacional tanto la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) como la Dirección de Biotecnología tienen como objeto garantizar la bioseguridad del agroecosistema. Para ello, analizan y evalúan las solicitudes presentadas para desarrollar actividades con OGM. 

En la provincia de Buenos Aires hace 19 años se ordenó la conformación de la Comisión de Biotecnología y Bioseguridad Agropecuaria, coordinada por la Secretaría de Gobierno, esta comisión aún no fue conformada siendo esta omisión uno de los puntos reclamados en el amparo. 

Los colectivos exigen la confección de un informe interdisciplinario con participación social y de las universidades públicas en relación a los impactos de los OGM y el cumplimiento del orden público ambiental de la Provincia de Buenos Aires, ello es la exigencia de la declaración de impacto ambiental a nivel local. Hasta tanto no se cumpla con el informe, se solicitó se dicte una medida cautelar de innovativa prohibiendo el uso y liberación a cielo abierto del trigo transgénico HB4 en todo el territorio bonaerense. Asimismo se solicitó que se le ordene a la empresa Indear S.A. titular del Trigo HB4, la destrucción de todas las semillas que se encuentren acopiadas en el territorio bonaerense, ya que se han utilizado más de 6200 hectáreas en todo el país bajo la excusa de ensayos y experimentación.

Naturaleza de derechos

¿Ciencia para quién y para qué?

La resolución 41/2020 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que oficializó la autorización de la semilla de trigo HB4, sus productos y subproductos (evento IND-ØØ412-7) contiene dentro de sus considerandos la opinión del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) que dijo,“..como consecuencia del proceso de evaluación del evento de transformación de trigo IND-00412-7, puesto a consideración por la empresa INDEAR S.A., tramitándose por Expediente N° S05:0032156/2014, no se encontraron objeciones científicas para su aprobación desde el punto de vista de la aptitud alimentaria humana y animal”. Y agrega: (…) “..no se encuentran reparos para la aprobación con destino a consumo humano y animal (…) siendo estos tan seguros y no menos nutritivos que sus homólogos convencionales

Naturaleza de derechos, parte del frente actor en la acción judicial colectiva pluricultural, realizó una recopilación de los impactos del glufosinato de amonio, que forma parte del paquete tecnológico del trigo HB4. El trabajo, firmado por el Dr Eduardo Martín Rossi, bachiller agropecuario, técnico en Inmuno-Hemoterapia recopila 113 estudios que evidencian la peligrosidad del herbicida.

Para la acción judicial se elaboraron siete dictámenes concluidos por ingenieros agrónomos, médicos especialistas, licenciados en agronomía y un Dr. en bioquímica. Cada uno de los profesionales advierten del riesgo para la biodiversidad, la amenaza para la salud de los suelo y las personas, recomendando la destrucción de las semillas generadas para los ensayos.

El Dr. Rafael Lajmanovich de la Universidad Nacional del Litoral-CONICET, confeccionó un informe exclusivamente para la acción judicial y en el que informa al juzgado que ha realizado investigaciones sobre el Glufosinato de Amonio y ha observado efectos genotóxicos, neurotóxicos y de afectación del sistema nervioso que provoca la exposición al mismo.

Foto: Revista de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina América Latina,(UCCSNAL) mayo 2020

Una de las voces que señalaron al glufosinato de amonio como posible sucesor del glifosato fue el Dr Andrés Carrasco. Científico, médico, presidente del CONICET durante 2000-2001, fue el investigador que en 2009 detectó los efectos del glifosato en su laboratorio de la Universidad de Buenos Aires. Darío Aranda publicó en Página12 la investigación realizada por el médico en los laboratorios de embriología de la UBA, situación criticada por la comunidad científica al elegir un diario de tirada nacional y no una revista especializada. La información del estudio era contundente: el glifosato, agrotóxico básico de la industria sojera produce malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas, aun en dosis muy inferiores a las utilizadas en agricultura.

Carrasco fue víctima de una enorme campaña de desprestigio. Por esa situación denunció por persecución ideológica al entonces presidente del CONICET Roberto Salvarezza, actual ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.

Todo lo que ocurre acá es que alguien tomó una decisión. No es una catástrofe, un accidente circunstancial, sino que es una decisión política. La decisión política es haber optado un modelo productivo que deviene, en todo caso, de una forma de explotar los recursos naturales” Estas palabras pertenecen a su última conferencia pública en una jornada organizada por la cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. El 10 de mayo de 2014 Andrés Carrasco falleció y su partida fue semilla, conmemorando la fecha de su nacimiento, el 16 de junio, como el Día de la Ciencia Digna. 

A lo largo de su labor Carrasco visitó asambleas, pueblos fumigados, reconociendo los rostros de quienes resisten al extractivismo en los pueblos. En Marzo de 2014 visitó Los Toldos, Partido de General Viamonte, Buenos Aires. El foro ambiental Los Toldos – General Viamonte también acompaña la acción judicial pluricultural. Rocio Carmona, integrante del foro dice “Entendemos a la semilla como el origen de la agricultura y la alimentación, todo este sistema está jugando con la semilla que siempre ha sido patrimonio al servicio de la humanidad y hoy la quieren al servicio de los negocios corporativos. Entonces el peligro que están sufriendo los pequeños productores, las familias productoras que están poniendo el cuerpo, produciendo el alimento sano, al tener la posibilidad de contaminarse sus trigos con este otro trigo transgénico envenenado es muy grande y muy grave. Esa amenaza que sufren estas familias va directamente vinculada a todos los consumidores que somos los que comemos el pan de cada día

Fórmulas que se repiten una y otra vez. La promesa de un modelo productivo del cual Argentina conoce los resultados: cuerpos y territorios enfermos. 

La profundización en modelos productivos que generan muerte no parece detenerse, represas espectaculares, mega granjas salvadoras, semillas mágicas. El reclamo de quienes habitan los territorios también debe ser oído y hasta tanto que Nación, provincias y municipios no brinden respuestas concretas estos conflictos se continuarán resolviendo en los juzgados. Es por ello que quienes tomen decisiones deben estar capacitados para así conseguir la tan anhelada justicia ambiental.

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