¿EL EJÉRCITO URUGUAYO QUIERE SABER LO QUE HIZO?

Clara Gutierrez
Clara Gutierrez
Periodista, amante de la radio y activista social. PD: En la calle codo a codo, somos mucho más que dos –y ni te digo con el mate abajo del brazo–.

Es la primera vez que se plantea revisar su actuación histórica y eso no le cae bien a varios. Una puja política que dará que hablar.

En Uruguay muchas cosas cambiaron en el último tiempo. En el mes de noviembre, el Ejército Nacional inició un proceso de análisis de su actuación a partir del año 1958 hasta la actualidad, período que abarca distintos tipos de gobiernos democráticos, violaciones a los derechos humanos previo al golpe de Estado, dictadura cívico-militar y retorno a la democracia.

¿Será que a 47 años del golpe de Estado cívico-militar, el Ejército Nacional asumirá la responsabilidad por los crímenes cometidos? ¿Se hará responsable de detenciones, desapariciones, asesinatos políticos, torturas y robos de bienes materiales? 

Gerardo Fregossi, comandante en jefe del Ejército, es quien está a la cabeza de este proceso de análisis. 

El análisis comenzó con una actividad académica en el Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES) donde participaron generales, coroneles y mayores. Esta actividad, contó solo al comienzo con el ministro de defensa Javier García. Tuvo un panel integrado por Silvina Brun (socióloga), Nelson Fernández, Leonardo Haberkorn (ambos periodistas), Ignacio Zuasnábar (politólogo) y Marcelo Díaz Buschiazzo (mayor retirado e historiador).

Según el comandante en jefe, este proceso “es de tipo educativo”, se extendería en el tiempo a lo largo del año 2021 donde, a través de debates, conferencias, grupos de trabajo e intercambios con especialistas, se producirían insumos para elaborar e integrar a la currícula del Sistema de Enseñanza del Ejército (SEE) y que, además, el Poder Legislativo debe tomar conocimiento (artículo 9 de la Ley 18650).

A lo largo de su carrera, Fregossi ha demostrado interés por la educación del Ejército, fue director de la Escuela Militar desde el año 2015 al 2016, así como también del Liceo Militar “General Artigas”. Podemos pensar que este futuro cambio en la currícula del SEE quizás sea para quitarles a las nuevas generaciones de oficiales la carga de pesadas mochilas por los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura cívico-militar.

Esta iniciativa tiene la aprobación del Gobierno. Tanto el ministro de defensa, Javier García, como la vicepresidenta, Beatriz Argimón, coinciden en que estamos frente a un momento histórico y así lo hicieron saber en conferencia de prensa.

El Ejército, que pertenece a las Fuerzas Armadas, al no ser un ente autónomo como lo indica el artículo 168 de la Constitución de la República, le tiene que informar al Ministerio de Defensa sobre el proceso institucional. En una entrevista, Fregossi dijo: “Creo que hicimos bien en comunicar al mando superior lo que íbamos a hacer, porque ellos necesariamente tienen una visión política que de repente no tiene por qué coincidir con la necesidad interna que nosotros tenemos”.

¿Cuáles son esas necesidades internas? ¿Por qué arrancar este proceso en estos tiempos? 

A través de un comunicado, que circuló una vez terminada esta primera actividad en el IMES, da cuenta que después de las ponencias y el período de preguntas y respuestas, se realizó una encuesta entre los oficiales participantes”. Los resultados señalaron que la gran mayoría de los presentes tienen la necesidad de recibir información de este período y que otros manifiestan tener información insuficiente. Tal es así que el mismo comandante en jefe expresó que a los oficiales más jóvenes les falta argumento al momento de intercambiar sobre los hechos del pasado reciente. Otro factor que influye para llevar adelante estas actividades es la imagen negativa que da el Ejército cuando se publican las actas de los Tribunales de Honor (generalmente documentos reservados) y cuando son condenados militares retirados del Ejército por haber cometido delitos de lesa humanidad. 

Este mismo comunicado, en su punto número 12, señala: “Los mandos del Ejército Nacional renuevan así el compromiso de aportar toda la información que aún pudiera existir en cualquier lugar de la institución, para ayudar de manera realista a esclarecer los hechos del pasado”

No es la primera vez que el comandante en jefe hace este tipo de referencias, cuando asumió en marzo de este año hizo declaraciones en esta misma línea.

En la actividad que realizaron, acorde a nuestras fuentes internas, el panelista Zuasnábar, director de Opinión Pública de la consultora Equipos, presentó encuestas y muestreos de opinión. En su análisis, indicó que desde que Manini Ríos lanzó su carrera política, la imagen del Ejército decayó. La popularidad del Ejército fue alta a comienzos del año 2019 y disminuyó en el mes de mayo, ¿qué pasó en ese período de tiempo? En marzo nació el partido Cabildo Abierto (CA), liderado por el general retirado Guido Manini Ríos.

En abril se hicieron públicas las Actas del Tribunal de Honor, publicadas en el diario El Observador por el periodista Leonardo Haberkorn. En ellas, el coronel retirado, Gilberto Vázquez, admitió en 2006 haber matado y torturado, y confirmó el segundo vuelo clandestino con detenidos en Argentina que estaban desaparecidos.

Además, se mostró a través de encuestas cómo sube la popularidad del Ejército cuando lo que se muestra son las acciones que llevan adelante frente a catástrofes –como inundaciones o el rol que tuvieron cuando hubo un tornado en la ciudad de Dolores– y cómo disminuye cuando lo que se muestra son casos relacionados a las violaciones de DDHH cometidas antes y durante la dictadura cívico-militar. 

Fregossi vs Manini

¿Querrá el nuevo comandante separarse de la gestión anterior a cargo de Manini Ríos? 

El ahora senador de Cabildo Abierto no fue juzgado en octubre pasado porque en el Senado no aprobaron su desafuero.

Por un lado Fregossi, que nació en Mercedes y viene de una familia no militar, intenta en su discurso rescatar la esencia de la institución. En una entrevista que le hizo el diario El País, dijo: “Al oficial joven del Ejército no le puede quedar dudas de que hemos sido respetuosos de la Constitución, que el Ejército es una institución profesional, que trata de no tener ningún sesgo político”.

Por el otro, Manini Ríos, general retirado, representante de familia militar y líder del partido que formó luego de que lo destituyeran como comandante en jefe del ejército. Es parte de la coalición de gobierno y en agosto presentó un proyecto de ley para reflotar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado , ley declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en más de una oportunidad desde el año 2009. Manini Ríos ha defendido violadores de los derechos humanos utilizando la media hora previa en el Senado: “¿Hasta cuándo seguirá actuando este tipo de venganza? ¿Era necesario e imprescindible detener en estos momentos de pandemia al capitán Lawrie Rodríguez con todas sus vulnerabilidades? ¿Hasta cuándo se seguirá procesando a militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años?”.

 Al respecto de este proceso de análisis, manifestó que el Ejército ya aceptó su responsabilidad en 1986 a través de su comandante en jefe, Hugo Medina.

¿Cuál será el costo político de querer desprender la figura de Manini Ríos del Ejército? Por lo pronto sabemos que el peso de Cabildo Abierto dentro de la coalición de gobierno es fuerte, recordamos que el subsecretario de Defensa es el coronel retirado, Rivera Elgue, perteneciente a CA. Y en febrero de 2021 se van a producir nuevos ascensos a generales, normalmente el comandante en jefe propone nombres, ¿se tomará en cuenta a quien o quienes proponga?

Otra vez la teoría de los dos demonios

El ministro de Defensa dijo: “Estaría bien que esto sirva de motivación para que otras instituciones políticas reconocieran también; sin prejuicios y sin dogmas aportaran a la verdad”. Concretamente hizo referencia al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T). 

Pareciera que esto alimenta la teoría de los dos demonios, que desde la restauración democrática pasó a ser la versión oficial del gobierno presidido por Julio María Sanguinetti. Así los militares encuentran una justificación para el comportamiento que tuvieron y los políticos argumentos para excluirse de responsabilidad.

Esta teoría se cae con el informe de la Comisión para la Paz del 10 de abril de 2003. Por ejemplo, en el párrafo 46 dice: “Los antecedentes de las personas fallecidas evidencian que la enorme mayoría de ellas no participaba en forma directa en actos de violencia ni integraban organizaciones subversivas. La fecha de sus muertes pone de manifiesto, por su parte, que la mayoría de ellas se verificaron después que la sedición había sido desarticulada y derrotada y cuando sus integrantes se hallaban detenidos en establecimientos de reclusión”. 

Estados Unidos también

En este proceso de análisis que empieza a llevar adelante el Ejército, ¿se contemplará algún lugar en un futuro panel a quien represente a la embajada de EE.UU? 

No solo hay investigaciones de historiadores de nuestro país, sino documentos desclasificados que relatan la injerencia de EE.UU en Uruguay. Desde 1947, a través de personal diplomático de las embajadas y de organismos sindicales, la CIA tuvo injerencia sobre Latinoamérica, ejerciendo presiones a distintos niveles y procurando direccionar procesos políticos y económicos en función de sus intereses. 

El objetivo para Uruguay era impedir la llegada de un gobierno hostil a los EE.UU. Para eso actuó en diferentes escenarios. Uno de ellos era fortalecer a la Policía a través del Programa de Seguridad Pública (PSP) de la Agency for the International Development (AID); la creación de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) fue financiada por el PSP. Uruguay fue campo de experimentación para las políticas de seguridad interna aplicadas posteriormente por EE.UU en otros países.

Noviembre 2020

A 47 años del golpe de Estado cívico-militar, todavía hay preguntas sin responder y una historia por reconstruir.

Una parte de la verdad histórica se sabe gracias al equipo de Investigación Histórica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Este equipo realizó un listado de personas desaparecidas por responsabilidad del Estado uruguayo. Allí, se constata que son 208 las personas desaparecidas, entre los desaparecidos en territorio nacional y extranjero, así como también ciudadanos extranjeros detenidos en Uruguay. En casos de asesinato político o fallecimiento por responsabilidad del Estado entre 1968 y 1985, hoy ascienden a 202.

Como escribe Eduardo Galeano en Los hijos de los días: «Hay vivientes de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. A los muertos les pasa lo mismo”. En tiempos de dictadura en Uruguay se sembró miedo «y el miedo obligó a los uruguayos a vivir callando o mintiendo».

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