Luego de ser aprobada la LUC en julio de 2020, se inició la juntada de firmas con el objetivo de llamar a la sociedad al debate y poder realizar el referéndum. Organizaciones sociales y trabajadores fueron quienes, en principio, se pusieron la campaña al hombro. Una campaña complicada, transitando el peor momento de la pandemia por covid-19 y frente a un gobierno que recién comenzaba su primer año de mandato. Fueron los militantes, yendo puerta por puerta, los que lograron llegar a 800.000 firmas y confirmar así que el referéndum era un hecho.
El 8 de diciembre los representantes del referéndum tuvieron que presentar un recurso de reposición por la atribución del color celeste a una de las partes, considerando que el color celeste es identitario de nuestra cultura y dicho color nos representa a todos. Ese recurso no fue considerado por la corte, que de igual manera atribuyeron el color celeste al No y el rosado al Sí.
Poco a poco, la campaña fue tomando un tono más partidario. El Frente Amplio, quien ya había respaldado e incentivado la recolección de firmas, se puso a disposición de la comisión pro referéndum y la coalición de gobierno comenzó a defender su ley. Las instancias de debate si bien continuaron siendo sociales, el foco comenzó a centralizarse en la política partidaria, con representantes de los diferentes partidos políticos debatiendo sobre la ley, pero también sobre los años de gobierno anteriores y la forma de gobierno actual, a tal punto que vimos al Presidente de la República expresarse en reiteradas ocasiones sobre el tema.
Referido a esto, el artículo 77 numeral 5 de la Constitución de la República establece que “El Presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral”. La discusión sobre la inconstitucionalidad del Presidente Luis Lacalle Pou es válida. Está claro que no pueden intervenir en la campaña política de carácter electoral, pero, algunos entienden que se refiere a carácter electoral en cargos (diputados, senadores, intendentes…) y otros entienden el acto político de carácter electoral como un voto. En el sentido más literal, electoral sería cualquier cosa que produzca una elección. Si bien las reglas a veces son poco claras y generan vacíos legales, si la derecha jugase con las mismas reglas que juzgan, al ex Presidente de la Republica Tabaré Vázquez lo acusaron de infringir la Ley al saludar a un militante en un comité de base. ¿Que deberían decir ahora de Lacalle Pou?
En la noche del miércoles 23 de marzo el Presidente Luis Lacalle Pou realizó una conferencia de prensa para defender los 135 artículos de la LUC. Esa conferencia de prensa tuvo una duración de 26 minutos por televisión nacional.
La Comisión Nacional por el Sí apostó a realizar una cadena nacional. El video, de no más de 7 minutos, se transmitió a las 20 horas del martes 22 de marzo, un día antes de la conferencia, quedando como última palabra la propaganda del Presidente.
El informe del Observatorio de Medios Uruguay, de la Universidad de la República, señala que los informes periodísticos en los noticieros de la televisión abierta dedicaron más minutos a la cobertura de la campaña por mantener la LUC. Los informativos de televisión abierta privada durante la segunda quincena de febrero destinaron 95 minutos y 57 segundos a informar sobre la campaña para mantener la ley, mientras que la campaña para derogar los 135 artículos de la norma estuvo al aire 50 minutos y 37 segundos. Cuando se considera la cobertura de otros portales informativos de circulación nacional, que cuentan como los portales digitales más visitados, también se observa que hay mayor cobertura a la campaña por el No. El gobierno nacional y los políticos oficialistas fueron los protagonistas que aparecieron con mayor frecuencia, quedando relegados los actores opositores, especialmente, actores de la sociedad civil organizada, especialistas, artistas y otros miembros de la sociedad.
Se intentaron llevar a cabo una serie de debates que no se concretaron en su totalidad. Un factor común se repitió: el representante de la coalición que debatiría en defensa del No, se bajó. Ocurrió así con el debate de Fernando Pereira, Presidente del Frente Amplio, quien concurrió al debate y quedó esperando que Alejo Umpiérrez, Intendente del departamento de Rocha, asistiera. También con Alejandro “Pacha” Sanchez, Senador del Frente Amplio, y Jorge Gandini, Senador del Partido Nacional, que se bajó días antes del debate.
Sin embargo, pudimos observar a Oscar Andrade, Senador del Frente Amplio, debatiendo con Guido Manini Ríos, Senador de Cabildo Abierto. También el Senador por el Frente Amplio Mario Bergara tuvo su debate con Gustavo Penadés, Senador del Partido Nacional.
La instancia de debate es fundamental para que la sociedad tenga conocimiento sobre lo que está en juego. Con 135 artículos puestos sobre la mesa era necesario informar de manera correcta las consecuencias que podría llegar a tener la aprobación o derogación de la LUC. El resultado del referéndum fuerza a los dos sectores a replantearse su llegada a la población.
Si bien el No ganó el referéndum, no pasó el 50% de los votos, es decir, no tiene respaldo de la mayoría absoluta. Todos los analistas concuerdan que es necesario un diálogo entre gobierno y oposición, más aún cuando los temas que están en juego trascienden varios períodos de gobierno.
Si la población continúa relacionando las leyes de Estado a posiciones políticas los resultados se pueden anexar de manera que si comparamos este resultado con el del ballotage es prácticamente igual, lo que nos lleva a pensar que cuando la población tiene que elegir entre dos opciones, la lógica del pensamiento común no ha variado.
Especialistas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentaron en junio de 2020 una carta a cancillería, en ese momento a cargo de Ernesto Talvi, para transmitir su preocupación por el Proyecto de Ley que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento. En ese entonces, explicaron que les preocupaba los artículos relacionados a “el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y aquellas que regulan el derecho de reunión y manifestación pacífica”. “La norma propuesta no se ajusta a las normas internacionales.(…) Los Estados deben velar porque sus leyes y procedimientos nacionales estén en consonancia con sus obligaciones y compromisos internacionales.”
Amnistía Internacional, una organización global que actúa contra la injusticia defendiendo los derechos humanos en el mundo, también manifestó su preocupación por el impacto negativo que tendrá esta Ley en los derechos humanos del país.
Uruguay ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, compromisos que reconocen y protegen jurídicamente el derecho de todo ser humano a la vida, la libertad, la seguridad y la vida privada. Se reconoce también el compromiso de garantizar el derecho a juicios justos, al tiempo que se protege a las personas contra el arresto o detención arbitrarios. Además, se reconocen y protegen la libertad de expresión, de asociación y el derecho a reunión pacífica.
Amnistía hace una declaración detallando los artículos que considera desfavorables en relación a derechos. Cuestiona los artículos de la LUC relacionados a normas penales, los artículos de legislación policial y las normas sobre proceso penal. Hace hincapié en la gestión de la privación de libertad y la reducción de penas, argumentando que las actividades laborales y educativas dentro de los centros penitenciarios han sido reconocidas como las medidas que presentan los mejores resultados para combatir la reincidencia y favorecen la reinserción en la sociedad. Detalla que los cambios a realizar en libre circulación y orden público atentan contra el derecho a la protesta social y culmina su declaración con este mensaje:
“Desde Amnistía Internacional recordamos que Uruguay debe mantener los compromisos que ha asumido internacionalmente, garantizando el principio de no regresividad de los derechos humanos”.
Sí bien Amnistía internacional o el INDDHH muchas veces usan un discurso de recomendación, la realidad es que Uruguay con muchos artículos de la LUC, está violando no solo los tratados internacionales de Derechos Humanos que ha firmado y además ratificado, siendo uno de los tan solo 3 países del mundo que ratificó todos los tratados. Sino que va en contra de la progresividad que las leyes deben tener y viola derechos ya establecidos.
Lo que esto indica, es que perdido por primera vez en 20 años un plebiscito y aunque los derechos humanos no deben plebiscitarse, es hora de que los políticos, referentes y representantes, se cuestionen la responsabilidad que tienen con el pueblo, el contacto con las bases y la contención que le brindan a los militantes que salen a la calle en cada campaña. Después de dos años y aún con todos los balances positivos que se puedan hacer, queda mucho por cambiar. Deben desde sus lugares de poder llevar ahora la batalla a la instancia judicial que corresponde. Hasta que estos artículos sean declarados en la corte suprema, inconstitucionales. Los partidos políticos, juegan desde sus posiciones de poder y deben hacer lo imposible para lograr sus objetivos, por todas las vías que como mencionamos aún quedan. Pero la gente empobrecida, la gente en las cárceles, no puede esperar. Hay un mañana para las vías de disputa por la LUC, que aún a nivel masivo, no se ha hablado. También hay que asegurar un mañana para aquellos personas que fueron y son cada día más marginados de la sociedad.