Derechos Humanos en Uruguay: Informe anual Amnistía Internacional

Lucía Chu
Estudiante de Comunicación, me especializo en periodismo. Me interesa la política y la juventud, sus movimientos y lo que pasa en redes. PD: me gusta el carnaval, recorrer Montevideo y lagartear al sol.

El organismo de DDHH presentó el capítulo ampliado de Uruguay de su Informe Anual para detallar la situación en materia de derechos humanos durante 2020.

“Amnistía Internacional (AI) es una organización global de personas que defiende y promueve los derechos humanos en el mundo”. En Uruguay, comenzó a funcionar, con la apertura democrática, a partir de 1985.

El 2020 fue un año muy particular para todos los países y Uruguay no escapó a esta realidad; en su informe, AI destaca los cambios vividos y sienta las bases para contextualizar la situación actual de los derechos humanos en base a seis áreas temáticas.

Contexto político y social

El 1° de marzo asumió la presidencia Luis Lacalle Pou. Doce días después se confirmaban los primeros casos de coronavirus, dando comienzo a una situación inédita que continúa con más fuerza. 

El informe destaca dos sucesos: “las consecuencias económicas y sociales de las medidas de distanciamiento por la covid-19, y las primeras acciones legislativas del gobierno, como la Ley de Urgente Consideración (LUC) y la Ley de Presupuesto Nacional”

Para Amnistía Internacional, con la LUC “quedó planteado un escenario de posibles regresiones en materia de derechos humanos”.

El organismo estuvo presente en las comisiones del Senado y de la Cámara de Representantes tratantes de la LUC para exponer sobre los riesgos de retrocesos en los derechos humanos. 

Impunidad por crímenes del pasado reciente: escasos avances

Durante 2020 no se hallaron restos de personas desaparecidas. Se ha excavado sólo el 3,2% del terreno previsto desde 2005 a setiembre de 2020.

El reporte indica que pese a que el gobierno electo manifestó la voluntad de continuar con la búsqueda de personas desaparecidas, los avances son escasos y “varias iniciativas parlamentarias, junto con algunos debates públicos, despiertan las alarmas ante posibles retrocesos en materia de verdad, justicia y reparación.”

En mayo, recuerda Amnistía, se retomaron las excavaciones en el Batallón 14; además, “en agosto se hicieron públicas actas del Tribunal de Honor de las Fuerzas Armadas donde se evidencia que miembros del Ejército uruguayo operaron, torturaron y ejecutaron a detenidos uruguayos en Argentina”

Se atribuyeron los escasos avances en la búsqueda  de la verdad a la “negativa de las personas sospechosas de responsabilidad penal o de los testigos directos de los crímenes a proporcionar información sobre la ubicación de los restos de los detenidos desaparecidos obliga a definir amplias extensiones de terreno para excavar.”

El reporte menciona el proyecto de ley enviado el pasado agosto, para derogar la ley interpretativa de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (18.831), clave para avanzar en la investigación de crímenes de lesa humanidad. Ante este proyecto, que continúa en estudio en el parlamento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Uruguay abstenerse de reinstalar la Ley de Caducidad. 

En materia de justicia, “el 15 de diciembre fueron procesados con prisión el médico militar Nelson Fornos y el coronel retirado Mario Ramos por reiterados delitos de tortura en el Grupo de Artillería 2 de la ciudad de Trinidad”.

Amnistía recomienda: Que se adopten las medidas necesarias para juzgar a todas las personas que, sin importar cuando lo cometieron, son sospechosas de efectuar delitos de lesa humanidad.

Situación de personas privadas de libertad: en deuda con el sistema penitenciario

Uruguay mantiene su crecimiento histórico en la “tasa de prisionización”, alcanzando la cifra de 369 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes (13.069 personas en total) y ascendiendo al primer lugar del continente. En diciembre de 2019 la población carcelaria sobre plazas habilitadas había alcanzado el 95,1%, y al 31 de enero de 2020 ascendía a 99,3%, según datos del Comisionado Parlamentario.

El elevado nivel de masculinización es una característica de la población carcelaria uruguaya, al 31 de diciembre de 2020, el 94% de los privados de libertad fueron hombres. Otro elemento es la juventud, “casi uno de cada 100 jóvenes uruguayos (de 29 años o menos) se encuentra privado de libertad, lo que se traduce en una incidencia de 0,88% frente a 0,26% del resto de la población mayor de 29 años”

El informe destaca los desafíos que plantea la LUC para superar los problemas que presenta el sistema penal uruguayo, en tanto prioriza el aumento de penas, el ingreso y la permanencia en el sistema penitenciario.

Amnistía recomienda que se garantice el adecuado acceso a rehabilitación y reintegración de las personas privadas de libertad.

Accionar policial, libertad de expresión y de reunión: amplitud e imprecisión 

El organismo caracteriza los cambios sobre legítima defensa de la LUC como uno de los aspectos más preocupantes de la norma. “Crea nuevas presunciones que pueden ampliar su invocación, legitimando una especie de justicia por mano propia en defensa del derecho de propiedad” 

Los cambios en prisión preventiva también son destacados pues, desvirtúan la naturaleza jurídica de esta. “Crea nuevas presunciones que pueden ampliar su invocación, legitimando una especie de justicia por mano propia en defensa del derecho de propiedad”

La LUC es amplia e imprecisa para definir numerosos delitos, el reporte destaca este aspecto en la definición de ilegalidad de piquetes (no define qué se entiende por piquete) y de manifestaciones que no sean pacíficas o perturben el orden público, habilitando a la policía al uso de la fuerzo para disolver estos eventos. 

Las ambigüedades podrían derivar en una alta discrecionalidad por parte de la policía y, a su vez, aumentar el riesgo de situaciones de abuso policial.

Recordemos que desde el 18 de diciembre de 2020 rige la limitación del derecho a reunión, en el marco de la emergencia sanitaria, pese a no haberse probado efectiva para reducir el avance del virus, ni estar acompañada de medidas que extremen la restricción de movilidad.

Amnistía recomienda que se garantice el pleno goce a la libertad de expresión y derecho de reunión de toda la población que habita el territorio uruguayo.

Violencia basada en género: lentas acciones

La pandemia de covid-19 no ha hecho más que exacerbar las desigualdades preexistentes, profundizando los casos de violencia de género.

Las cifras oficiales del Ministerio del Interior muestran que entre enero y octubre de 2020, 12 mujeres murieron violentamente por razones de género. Por otra parte, el portal Feminicidio Uruguay reporta que en 2020 se registraron 19 muertes de este tipo. 

Tres de cada cuatro mujeres vivieron alguna situación de violencia a lo largo de su vida (76,7%).

Un 47,0% de las mujeres declaró haber sufrido violencia por parte de su pareja o expareja alguna vez en su vida.

Ante la particular vulnerabilidad en la que puso la pandemia a las mujeres, el informe señala que las “principales medidas tomadas por los organismos estatales consistieron en generar mayor difusión de mecanismos de asistencia y reforzar estos servicios”

Estos servicios arrojaron datos alarmantes:  entre enero y octubre de 2020 se registraron 33.004 denuncias por violencia doméstica. 

También hubo un aumento en las tentativas de homicidio: De enero a octubre de 2020 se declararon 22 intentos, mientras que en 2019 los casos fueron 15. 

Otra situación crítica es la escasa asignación presupuestal que la Ley de Violencia Basada en Género tiene desde su votación en 2017. 

La Suprema Corte de Justicia ha comunicado que no posee el presupuesto adecuado para la implementación de los juzgados multimaterias. Estos son “Juzgados que tienen el objetivo de dar trámite judicial a todos los ámbitos de la vida que son afectados por la situación de violencia, supone la intervención de un solo juez que atiende todas las materias (penal, familiar, de paz y especializada) sobre el mismo caso de violencia de género.”

“Durante el debate parlamentario sobre la Ley de Presupuesto Nacional, aprobada a fines de 2020, estuvo en tela de juicio la derogación de los juzgados multimateria creados por la Ley 19.580. (…) A pesar de haber sido ratificados en la Ley de Presupuesto, se han registrado continuos obstáculos para la implementación de los juzgados multimateria”

Amnistía recomienda que el Parlamento asigne el presupuesto necesario para la implementación efectiva de las medidas contenidas en la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género y que el Estado Uruguayo tome medidas efectivas para reducir los casos de violencia de género. 

Derechos sexuales y reproductivos: 

Amnistía advierte que no pudieron acceder “a datos finales ni preliminares actualizados para 2020 sobre embarazos ni interrupciones voluntarias de embarazos”, por lo que se vieron limitados a trabajar con los datos correspondientes a 2019.

“En diciembre de 2020, murió una adolescente de 14 años tras un proceso legal de IVE en el Hospital de Treinta y Tres. (…)En los ocho años de IVE en Uruguay es la segunda muerte por aborto que se produce, y la primera en el marco de la ruta legalmente establecida para practicarse un aborto”

El reporte recuerda que el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, “desarchivó un proyecto de ley, presentado en 2019 por diputados del Partido Nacional, el Partido de la Gente y el Partido Colorado, y cuyo texto fue elaborado por la Red de Padres Responsables, para regular la educación sexual en las instituciones educativas”

Los nacimientos en madres de entre 15 y 19 años fueron 584 menos en 2019 respecto de 2018.

En 2019, el 24% de las denuncias de violencia hacia niños, niñas y adolescentes atendidas por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia fueron por abuso sexual.

En 2019 se produjeron 82 nacimientos en niñas menores de 15 años.

Amnistía concluye remarcando que preocupa el aumento de embarazos infantiles en el país, “situación que genera más brecha y desigualdades en ese sector de la población y que se vería aumentada de ser restringido el acceso a la ESI.”

Amnistía recomienda que no se tomen medidas que repercutan en el legítimo derecho de las niñas, niños y adolescentes de acceder a una Educación Sexual Integral y que se continúen adoptando medidas para eliminar el embarazo y maternidad infantil. 

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