Argentina y el cannabis: Una historia de vanguardia y prohibición

Lucas Villavicencio
Trabajador de la comunicación, fotógrafo Pd: En lo sencillo se encuentra lo más interesante. Por ejemplo en un Vermú.

Desde la idea de Belgrano hasta los antecedentes de prohibición que inició la dictadura, te contamos un breve repaso de cómo la marihuana ha sido objeto de una persecución absurda, hasta los últimos avances y un horizonte esperanzador en el país.

En el año 1797, la Argentina era el Virreinato del Río de La Plata y estaba colonizada por el imperio español, no existía un libre comercio ni mucho menos la autodeterminación de los pueblos y colonias de la corona española en territorio latinoamericano. Allí un joven secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires escribía Utilidades que resultarán a esta Provincia y a la Península del cultivo de lino y cáñamo.

Ese joven era Manuel Belgrano y una de las ideas que rondaba en su cabeza era poder desarrollar la marina mercante utilizando la fibra del cáñamo para la producción de velas, accesorios marítimos y telas. Según cuenta Fernando Soriano en Marihuana: la historia, el prócer ya se había vuelto todo un especialista, había escrito un manual de cultivo con fechas correspondientes para la siembra y la cosecha, había traído consigo otros modelos de producción de cáñamo que se venían realizando en Europa y planeaba una ruta comercial con Brasil y Francia.

Claramente no era algo del agrado de la corona y todos los planes del creador de la bandera fueron echados por tierra. Sin embargo, podríamos definir esta anécdota como una de las primeras relaciones entre el cannabis y nuestro país, inclusive antes de haber gestado el proceso de independencia, y pensado ya desde un proyecto desarrollista.

Avanzando en el tiempo, contemplamos cómo se desarrolla la prohibición y la persecución a la marihuana, sobre todo en los últimos 50 años, y con una idea meramente colonialista. En 1971, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anunció la famosa guerra contra las drogas y creó el organismo de la DEA (Administración de Control de Drogas), mediante el cual ejecutó las políticas de prohibicionismo. Esta doctrina fue inculcada en la Escuela de las Américas, institución que jugó un rol central para el fomento e incursión de las diferentes dictaduras que devastaron el continente latinoamericano.

Argentina no fue una excepción a la regla y primero, a partir del año 1973, comenzó a promover la política antidrogas teniendo como cabecilla al ministro de Bienestar Social, José Lopéz Rega, quien en documentos públicos asociaba el “funcionamiento de las guerrillas con el consumo de marihuana”. Asimismo fue uno de los mentores de la ley 20.771, sancionada en 1974, que era la primera ley de estupefacientes orientada a la prohibición y control social, en un país que estaba muy lejos de tener índices altos de consumo, producción y narcotráfico.

De esta manera, lo que se logró fue introducir en el Código Penal la tipificación de delito por tenencia, consumo, cultivo o venta de estupefacientes, entre ellos la marihuana. Lo que también sirvió como un chivo expiatorio para la persecución y represión de diferentes sectores sociales que iban en contra de lo que pensaba el Gobierno y López Rega, y que decantaría en el golpe del 76.

La dictadura y una industria que no fue

Si las bases ya estaban cimentadas, el golpe de Estado cívico militar de 1976 vino a profundizar la mal llamada guerra contra las drogas, con el manual cocinado en la Escuela de las Américas y al frente de lo que se conocía como el Proceso de Reorganización Nacional. Es justamente en 1978 cuando la Corte Suprema de la Nación ratifica la constitucionalidad de la ley 20.771 y sienta el precedente para la tipificación de penas y multas.

Como lo fue en su momento la idea de Belgrano, por ese entonces en la localidad de Jáuregui, provincia de Buenos Aires, estaba instalado el belga Julio Steverlynck quien había fundado Lineras Bonaerenses SA en el año 1941. Esta era una empresa dedicada a la producción de tejidos de lino en un momento donde la industria algodonera iba ganando terreno. Lo más significativo fue que para la década del 50, Steverlynck se propuso producir cáñamo con fines textiles.

De esta manera, a tan sólo 130 km de Capital Federal, existían 200 hectáreas de campo cultivadas únicamente con semillas de cáñamo, que además ofrecía una fuente de trabajo para casi 300 trabajadores golondrina de todo el país. Justamente un año antes del golpe se llegaron a sembrar 250 hectáreas, siendo la mayor producción de la linera, con la que se fabricaban distintos materiales.

A través de Fabril Lineras se elaboraba mantelería, sogas, estopas, cuerdas y el famoso “yute” que era la suela de las alpargatas. Pero lo más llamativo era el “linex”, un material realizado a base de cáñamo y aserrín que servía para la construcción de casas en seco. Los registros de la época argumentaban que no había ningún desperdicio de lo cosechado, ya que toda la planta y su estructura tenía algún fin o uso que lo volvía sustentable. 

Pero como mencionamos anteriormente, la dictadura no iba a escapar a esta situación y el fallecimiento de Steverlynck en el año 1975 iba a empeorar las cosas. Para 1976 la fábrica había denunciado algunos robos de plantas en sus inmediaciones y, para esa fecha, los medios de comunicación –que fueron una pata central en la guerra contra las drogas– instalaban en agenda que la gente viajaba en tren a Jáuregui para robar y fumar flores. Algo que era totalmente ignorante, ya que las flores del cáñamo no tienen componentes psicoactivos. La linera fue allanada por la Policía Federal y acusada de integrar un “sistema de venta y distribución de estupefacientes”, al mismo tiempo que detuvieron al encargado de la plantación y se dedicaron a perseguir a los hijos del empresario belga que habían quedado como dueños de la fábrica. 

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Victoria Baca Paunero es Defensora Oficial, especialista en Derecho Penal y Cannabis e integrante de ADEPRA (Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina). Al respecto, afirma que el golpe fue un hecho bisagra en la historia de nuestro país para eliminar todo concepto de la marihuana: “La dictadura lo que hace es eliminar la planta. No contra algún aspecto o algún uso o mal uso que pueda tener la marihuana, la guerra contra las drogas se construye directamente contra una planta, por eso se elimina de la idea cultural, se saca toda noción de que podía ser utilizada, también, con fines industriales”. 

Asimismo se podría pensar que el Plan Cóndor fue uno de los puntos de acción para ejecutar la política antidrogas en todo el continente, ya que en la década del 70 se eliminó toda plantación de cáñamo existente, eliminando entre otras las producciones que tenía Chile que era el principal exportador. 

Desarmando los últimos 50 años

Con la llegada de la democracia, el sistema judicial y penal se sometió a una absurda persecución en materia de drogas con el Estado como un brazo ejecutor. A partir del año 1989 se sanciona la ley 23.737, que se transforma en una ley complementaria del Código Penal Argentino, que reemplaza a las anteriores y endurece las penas de cárcel y multa económica, bajo la cual se crean estructuras dependientes para el “combate del narcotráfico”

Esta ley sigue estando vigente hasta el día de hoy y es una de las figuras legales que le permiten a los gobiernos de turno mostrar índices de detenidos y allanamientos como una bandera en la lucha contra las drogas. En ese sentido, Baca Paunero sostiene que el Estado ha puesto muchísimos recursos, humanos y técnicos, en aplicar esa norma, algo que no sucede con otro tipo de leyes que están contempladas en el Código Penal. 

“Aumentó la criminalización por el hecho de que dar información pública sobre cannabis medicinal volcó mucha gente al cultivo. Hay un aumento muy grande en el cultivo respecto a años anteriores, porque hay una socialización del conocimiento por parte de las organizaciones y asociaciones civiles. Hay muchos profesionales de la salud que empiezan a acompañar, y en eso hay un Estado que no lo produce. Entonces la gente lo va a buscar donde pueda”.

Con el avance en materia de investigación y divulgación, en estos últimos años se ha tomado a la planta de cannabis y la de cáñamo como un recurso estratégico en el desarrollo económico e industrial de los países en todo el mundo. Y Argentina no es la excepción: de hecho, desde el 2017, a través de la sanción de la ley 27.350, se aprueba la investigación para el uso de la planta y se le otorga las facultades al INTA y al CONICET para ser las encargadas de la tarea. Aunque también abre el abanico para que se puedan incorporar empresas de capitales privados.

Además, en el 2020, el gobierno argentino creó el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) que sirve como una figura legal para distintos cultivadores o consumidores, ya sea para uso medicinal o terapéutico. Esto significa un gran avance en materia de reconocimiento de derechos y una punta de lanza importante para desarmar la inoperante ley de drogas.

“El REPROCAN es una herramienta excelente, creada en el marco de una ley deficiente. Cuando salió hubo 50 mil personas que solicitaron su inscripción, eso indica que es una herramienta muy útil para resguardar el derecho de las personas. A la gente no le gusta infringir la ley, se ve en la obligación de rebuscarselas porque no tiene acceso de otra manera”, explica Victoria Baca Paunero y agrega que “el Estado no puede obligar a un ciudadano a sufrir, a impedir el acceso y agravar su situación de salud”. 

Sin dudas que la presión mediática y social que han militado las diferentes organizaciones de cultivadores y consumidores han hecho que hoy nuestro país se encuentre mucho más cerca de tener una legislación integral de la marihuana. El último proyecto de industrialización aprobado por el Ministerio de Producción, que encabeza Matías Kulfas, tiene como objetivo el fomento económico, que sin dudas es un hecho muy importante. 

En este camino solo resta discutir y definir esos claroscuros que se encuentran en torno a la penalización de la ley de drogas y, sobre todo, con aquellos cultivadores que aún se encuentran detenidos. Así como también se presenta un dilema en torno a la defensa de la soberanía en términos extractivistas que, actualmente, tienen países como Canadá, México o Uruguay desde hace un tiempo con la incursión de empresas privadas de capitales multinacionales. Todavía queda un largo camino por recorrer y grandes estructuras por desandar, aunque lo más alentador es que todo está por escribirse. 

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