En Uruguay, los efectivos policiales fueron foco de la esfera pública debido a las denuncias y reclamos por parte de la ciudadanía.
El jueves 3 de marzo comenzó a circular en redes sociales un video que mostraba a dos policías golpeando y esposando a dos jóvenes en moto que habían sido previamente multados. Ante el reclamo por la multa, los efectivos policiales increparon a los jóvenes, golpeando a uno de ellos en la cara y derribándolo de una patada para luego esposarlo. El otro policía se dirigió al jóven que estaba grabando y también lo esposó. Ninguno de los detenidos reaccionó de mala manera ante la agresión física. “Usted sabe que están haciendo las cosas mal” fueron las palabras del conductor de la moto. El Ministerio del Interior comenzó los trámites administrativos de rigor y la fiscal de Flagrancia, Patricia Rodríguez investiga el hecho.
El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (SIFPOM) declaró que la Ley de Urgente Consideración (LUC) “no habilita que la policía se extralimite en el uso de la fuerza” y repudió “la violencia desmedida”. Según dijeron desde el sindicato, los policías involucrados no están afiliados y no serán defendidos por sus servicios legales.
Sin embargo, la Asociación de Defensores de Oficio denunció en julio de 2021, ante la Suprema Corte de Justicia, un aumento de los abusos policiales ocurridos en el último año, profundizado desde la entrada en vigencia de la LUC. También en marzo de 2022 la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) solicitó una “urgente investigación” de los casos denunciados por la Asociación de Defensores Públicos.
SAN CARLOS
La Fiscalía Departamental de Maldonado, a cargo de Jorge Vaz, investiga un presunto caso de abuso policial ocurrido en la localidad de San Carlos surgido también de un video difundido en las redes sociales. El hecho sucedió la madrugada del 22 de febrero en las afueras de un boliche durante una intervención policial. Se observa a policías de la Guardia Republicana y de la Jefatura de Policía de Maldonado. Se puede ver a un joven intentando realizar maniobras, y durante ese intento un policía le saca la remera. Posteriormente, un policía de la Jefatura de Policía de Maldonado reacciona apuntando con una escopeta a la cara de los jóvenes que estaban allí.
Los presentes denunciaron violencia institucional y el Ministerio del Interior planteó que los policías fueron agredidos cuando intervinieron en una presunta aglomeración. Luis Alberto Heber, Ministro del Interior, declaró que por “lo poco que se ve” no hubo abuso policial. No obstante, la Ley 18.315 de Procedimiento Policial menciona en el artículo 22 sobre el uso de las armas de fuego “No deberán emplearse las mismas excepto cuando una persona ofrezca resistencia al accionar policial con arma propia o impropia con capacidad letal o de apariencia letal o ponga en peligro la integridad física o la vida del personal policial actuante o de terceros, y no se la pueda reducir o detener utilizando medios no letales”, por lo tanto el efectivo policial de la Jefatura de Maldonado traspasó los límites de la Ley de Procedimiento Policial, recurriendo a armas de fuego en una situación que no ameritaba.
El policía que protagoniza el video y un adolescente que habría agredido a los funcionarios fueron considerados indagados. Se imputó al joven por agravio a la autoridad policial y resistencia al arresto. En los artículos 171 y 173 del Código Penal están previstas las conductas agraviantes, atentado y desacato, respectivamente. El delito de atentado, se castiga con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría. En cambio el delito de desacato es castigado con tres a dieciocho meses de prisión. Desde que la LUC entró en vigencia comenzó a aplicarse el artículo 4 de la misma (resistencia al arresto) “El que, al recibir orden de detención de parte de una autoridad pública ejerciera resistencia física al arresto, será castigado con una pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.” Esto nos demuestra que las sociedades siguen en un camino de punitivismo, que no soluciona los problemas reales ni ofrece un marco legal. Al no tener control ni regulación pone en riesgo a los individuos, que se ven afectados constantemente debido a la vulneración de sus derechos.
Logramos entrevistar a un efectivo policial, cuyo nombre preferimos reservar ya que la Institución no permite que den declaraciones, y nos contó que en referencia al artículo 4:“Sobre el de resistencia al arresto, son un chiste, ya que el policía si quiere buscarte la reacción lo hace y nunca estás protegido”.
A continuación conversamos con él sobre la LUC y cómo afectaba la nueva Ley a la Institución policial.
“Quiero destacar que este gobierno quiere implementar la LUC pero desde la escuela policial se enseña con la ley anterior, lo que ocasiona que al estar en la calle te das cuenta que tenés que trabajar con una ley la cual no es la que te enseñaron”.
“Veo que hay cosas que la LUC podría beneficiar tanto a la policía como a la seguridad civil, pero en esta sociedad no se puede aplicar, no saben aplicarla tampoco y ni lo intentan. Meten una ley a prepo que sólo habilita el gatillo fácil”.
“En mi parecer no está bien la LUC. Hablás con milicos nuevos y ni uno la quiere, los viejos la aman. Yo no tengo ganas de salir a jugarme la vida por el sueldo como nos quieren dejar, pero tampoco quiero que me suban el sueldo por salir a dar palo a gente sin razón.”
“Con las marchas , yo me vivo certificando para no ir. La orden es ir y tratar de disolver. Con la LUC hay una manifestación y pum, tenemos que ir y cagarlos a palos, a gente laburadora como nosotros que están buscando derechos”
Le preguntamos qué cambios estaba haciendo el gobierno actual y esto fue lo que nos dijo:
“Para la policía, por ejemplo, compraron una flota de pistolas hk (nosotros usamos otro tipo). A 400 egresados les dieron esas pistolas y al mes se las cambiaron. Dijeron que compraron chalecos que nunca llegaron. Compraron flotas de autos que no andan, no tienen mantenimiento o chocan y rompen un farol y lo mandan a destrucción.”
“Salieron 240 policías de la escuela. La escuela dura 6 meses, estuvieron 2 meses y medio. Los sacaron y los pusieron a caminar por ahí para hacer presencia policial, no tienen noción de usar un arma.”
Para culminar, quiso darnos un mensaje sobre el abuso policial y en la posición que quedan los funcionarios que están por fuera de eso.
“Soy consciente que hay abuso policial, que hay policías que se les olvida el porque portan el uniforme, salen con el fin de dar palo, molestar gurises y a la hora de hacer el trabajo de verdad se achican.
“No quiero que se sepa que soy yo. Con este gobierno, te buscan lo que sea para joderte si sos de otro partido político. El sindicato es un chiste, defiende depende de quien sea.”
PASO MOLINO
El 23 de febrero dos mujeres denunciaron ser violadas por tres policías de la Guardia Republicana en el interior de un patrullero. La fiscal de delitos sexuales de 5° turno, Mariana Alfaro, es quien está a cargo de la investigación.
Las víctimas, de 20 y 23 años, relataron que iban caminando en la noche por el Paso Molino cuando los efectivos policiales se ofrecieron llevarlas en su camioneta policial a sus casas porque la zona era “peligrosa”, a lo que ellas accedieron. Las víctimas indicaron que fueron violadas en el interior del móvil policial.
La fiscal Alfaro solicitó pericias psiquiátricas a los denunciados. El secretario de Estado, Álvaro Delgado, informó que el Ministerio del Interior está haciendo una “investigación de urgencia” al respecto. Por su parte, el Ministro del Interior declaró “Es muy grave esto. Por lo tanto le tiene que caer todo el peso de la Ley de Urgente Consideración”.
Artículo 49 de la LUC “Salvo prueba en contrario, se presume que la actuación del personal policial, en ejercicio de sus funciones, es acorde a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes” y rigiendonos por el artículo 4 de resistencia al arresto, nada garantiza la legalidad del procedimiento policial, ya que en cualquier circunstancia la policía puede elegir a quien detener y tanto las leyes como los procedimientos reales, no protegen a los civiles.
Respecto a esto, nuestra fuente declaró “las cámaras gopro se prenden y apagan manualmente, es decir, yo puedo grabar el procedimiento y comportarme como un buen policía, hablarte con respeto, luego la apago, te insulto y busco tu reacción. Cuando reaccionas la prendo y digo que te estás desacatando, prendo la cámara para dar imagen y conocimiento, y a fiscalía llega un video de un policía trabajando y una persona desacatada”
LA BOYADA
El 16 de diciembre de 2021, un procedimiento policial en el barrio La Boyada del Departamento de Montevideo culminó con 3 heridos con perdigones. Una madre, y sus dos hijos, los cuales presentaron la denuncia contra dos efectivos policiales en la Seccional 24 y también ante el INDDHH. La familia habla de “excesos” en el accionar policial y de falta de proporcionalidad en el uso de la fuerza.
El incidente comenzó cuando un patrullero interceptó a Andrés de 14 años y Franco de 16 que estaban andando en bicicleta, provocando que uno de ellos cayera al piso. Andrés es hijo de la mujer, y Franco amigo suyo. Los jóvenes fueron detenidos por los efectivos que comenzaron a pedirles los datos. “Bajó malo, bajó malo. Y empezó hablando mal, y me preguntó la cédula y le dije que no me la sabía. Me preguntó la edad, le dije que tenía 16 y me pegó ‘Esto es por no saberte la cédula’ me dijo. Yo no les pude decir nada porque a lo que me pegó acá (se señala el abdomen) me dejó sin aire” narró Franco. Al ver la escena, Kevin, otro amigo de ellos que estaba allí, comenzó a filmar. En un momento, uno de los policías se dio cuenta que lo estaban filmando: “Ponete contra el móvil vos también”, le dice a Kevin, mientras se remanga la camisa y camina hacia él. “Yo grabo por la seguridad de ellos” responde este y comienza a correr. En el video se puede observar varios segundos de la persecución pero luego se corta de manera abrupta. Cabe aclarar que está permitido filmar un procedimiento policial siempre y cuando no obstruya el accionar de la policía, y tampoco hay obligación de mostrar el registro a los efectivos policiales. Según señalaron testigos, Kevin fue detenido y esposado. En ese momento es que la madre sale de su casa y se lleva a su hijo Andrés, que no estaba esposado, y es allí donde los efectivos acuden a las armas. Sacan las escopetas y disparan al piso. Luego, cargaron la escopeta de nuevo y le dieron en la pierna a la madre, que se metió dentro de su casa. Sin embargo, la versión de la Policía es otra. Para ellos el enfrentamiento se produjo en el marco de la detención de un individuo y ante la intervención de los familiares se vieron obligados a utilizar munición no letal.
En febrero se decidió ampliar la denuncia y presentarla en Fiscalía ya que una de las lesiones que tiene la madre de los jóvenes en su pierna aún seguía sin curar, por lo que pasaría a ser una herida grave ya que el Código Penal establece como herida grave “una incapacidad para atender las ocupaciones ordinarias por un término superior a 20 días”. La ampliación de la denuncia también agregó un nuevo testigo, el joven que estaba filmando, Kevin, que afirma que “lo quisieron asfixiar con una bolsa de nylon en la parte trasera del vehículo”, luego de haber recibido amenazas durante el traslado, escuchó que hablaban sobre una tercera persona: “Estos negros nos van a denunciar, llamemos a Lula que nos arregla todo”. Otro de los motivos que los llevó a ampliar la denuncia fue la poca confianza que les inspiró la seccional donde habían radicado la denuncia inicial, admitió el abogado encargado del caso Darío Madeiro.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de la INDDHH intentificó categorías a raíz de la ampliación solicitada por la Asociación de Defensores de Oficio en julio de 2021: abuso policial, amenazas, allanamiento ilegal, lesiones, provocación policial y falta de atención médica.
En total, fueron 102 las denuncias relevadas por los defensores. 62 de estas denuncias quedan enmarcadas en la categoría abuso policial. En 21 casos hubo lesiones, en los que el “maltrato físico” quedó registrado en los informes médicos forenses. Fracturas de costillas, sangrado de nariz, perforación de oído, son sólo algunas de las lesiones que están registradas. En lo que refiere a allanamientos ilegales se contabilizan 11. El artículo 11 de la Constitución de la República especifica que “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin el consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la Ley ”. Dentro de la categoría de falta de atención médica se visualizaron 5 casos, de provocación policial 2 y de amenazas 1.
Tanto la Asociación de Defensores Públicos como el MNP coinciden en que desde la aprobación de la LUC “se ha vuelto aún más difícil verificar si ha existido un abuso”. La afirmación se basa en tres modificaciones que implementó la LUC: comunicación inmediata, declaraciones voluntarias del indagado ante la policía y presunción de legitimidad de la actuación policial.
Por comunicación inmediata se entiende “aquella que contiene la información imprescindible para que el fiscal pueda obtener una clara representación, contando con los elementos primarios necesarios para tomar la decisión que a su juicio corresponda.” El artículo 43 lleva el plazo de comunicación de las actuaciones policiales a fiscalía de 2 a 4 horas. Por otra parte, el artículo 21 de la LUC le brinda más poder a la policía, autorizando a que estos puedan interrogar a los indagados. La policía desde su origen y su entrenamiento no está capacitada ni le corresponde la facultad de interrogador, la responsabilidad que tienen radica en poner a disposición de la justicia siendo garantes de la custodia a nombre del Estado de esos sujetos. Adjudicar esa tarea a la policía genera más situaciones de violencia y vulnerabilidad. Se modifica el código de procedimiento penal, elaborado por expertos y votado en el parlamento con unanimidad.
Por último el artículo 49 , mencionado anteriormente, es un agregado que amplifica un estado de falsa seguridad de las fuerzas policiales ya que tiene un escaso valor jurídico. El conjunto de estos artículos dificultan la verificación de un abuso policial, ya que les brinda a los efectivos policiales la capacidad de retener a los detenidos por más horas en la comisaría, interrogarlos y derivan en un supuesto respaldo policial que puede incurrir en excesos.
El Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, presentó el lunes 14 de marzo en conferencia de prensa 52 denuncias sobre casos de abuso policial y pidió al Ministerio del Interior hacer una investigación seria y de carácter urgente, dando un mes de plazo para investigar los casos presentados. Dentro del sector se espera que Heber cumpla con el plazo, y sino, emprenderán acciones políticas y parlamentarias.
El Ministro del Interior presentó este lunes al Presidente de la República Luis Lacalle Pou un informe sobre las 50 denuncias presentadas. Según dijo en rueda de prensa, también enviará el informe al Frente Amplio.
Por otra parte, el Presidente del INDDHH, Wilder Tayler, cuestionó que el gobierno “minimiza” los casos de abuso policial. El jerarca indicó que se percibe una “tendencia al alza de los casos de abuso de fuerza”. Consultado sobre la vinculación de la LUC con este tema, recordó que la Institución advirtió que tiene “un paquete de medidas que todas juntas generan un debilitamiento de garantías”, “Esto lo está confirmando” resaltó.
De cara al Referéndum del domingo 27 de marzo hacemos énfasis en que la vulneración de los derechos es un tema que compete a todos como parte de la sociedad y el Estado debe dar garantías de que eso no suceda.
“La injusticia, en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes” – Martin Luther King.