Luego de la presentación del proyecto de ley que propone regular el aborto voluntario, redactado por el Poder Ejecutivo Nacional, a pasos de un nuevo debate legislativo para esta vez ¡ser ley!
La demanda por la legalización del aborto voluntario tiene que ver con ampliar el sistema actual de despenalización por causales que vulnera derechos, desde una problemática de salud pública hasta una cuestión de desigualdad. Se pretende dar un paso hacia el reconocimiento del derecho a decidir de forma libre y en condiciones sanitarias, sobre los proyectos de vida personales que cada persona desee. En definitiva, es la decisión libre para las mujeres e identidades con capacidad de gestar.
Algunos hechos y datos:
En Argentina, rige un sistema de despenalización del aborto por causales, establecidas en el Código Penal desde 1921 (art. 86 inc. 2). Estas causales (si el embarazo es producto de una violación o pone en riesgo la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante) no se garantizan y suele haber muchos obstáculos para acceder a este derecho.
La historia de Ana María Acevedo, que falleció a causa de la negligencia práctica en relación al aborto en 2007, es una prueba de ello. Más tarde, en 2012, el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina delimitó las supuestas libres interpretaciones del Código para los abortos no punibles en caso de violación. Al mismo tiempo, obligó a los poderes judiciales de las provincias a no judicializar ningún caso de aborto enmarcado en la norma y a los poderes legislativos y ejecutivos a implementar protocolos para su correcta atención.
Sin embargo, a 100 años y con estos avances normativos, la interrupción del embarazo tiene profundas brechas en su implementación. Esto se refleja en las cifras registradas por la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) en 2018. En ellas se señala, por ejemplo, que cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años atraviesa un parto y que del total de esa cifra el 80% fueron embarazos producto de un abuso sexual intrafamiliar.
Esto sucede por varias cuestiones. No se garantiza el acceso por la carga moral y religiosa de las personas e instituciones que incurren en un delito, pero que por la falta de políticas y presencia estatal se repite sin consecuencia. Esto sucede en toda la región debido al fundamentalismo religioso y la no laicidad estatal.
Por otro lado, la necesidad de ampliar el sistema de despenalización a uno que legaliza el aborto voluntario en un marco de plazos. Principalmente, para reconocer a las mujeres y personas con capacidad de gestar como autónomas y soberanas para decidir si continuar o no un embarazo de forma libre y segura, sin estigmatización, criminalización, ni poniendo en riesgo la vida o la salud en el intento.
Desde los movimientos sociales, en particular el activismo feminista, se han construido distintas herramientas para luchar por el reconocimiento y garantía de este derecho humano. Una de las principales articulaciones en la temática es la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que lleva 15 años de trayectoria en busca de la legalización del aborto voluntario. Desde sus inicios hasta la fecha, presentó 8 veces un proyecto de ley de IVE y solo una vez, en 2018, fue tratado. Es decir, habilitado el debate legislativo sobre el tema. No cabe duda que aquel año, a pesar del rechazo en la Cámara de Senadores por apenas 7 votos, representó un antes y un después en la historia. Después de tantos años en la marginalidad, ocupó el centro de la sociedad y fue testigo de un logro fundamental: la despenalización social es realidad.
En mayo de 2019 la Campaña presentó un nuevo proyecto de ley, que actualmente cuenta con estado parlamentario en el recinto. Este proyecto responde no solo a su mecanismo de elaboración colectiva, federal, plural, diversa y transversal sino que, además, recoge la experiencia y los aprendizajes de 2018, teniendo en cuenta la media sanción que se había logrado en aquel año en la Cámara de Diputados.
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Tras el cambio de gestión, a finales del año pasado, el nuevo mandatario Alberto Fernández tanto en su discurso de asunción como en el de inicio de las sesiones ordinarias, se comprometió a elaborar y presentar un proyecto de ley sobre el tema. Se esperaba que eso sucediera rápidamente, pero no. Pandemia de por medio y especulaciones políticas por detrás, se presentó finalmente en la Cámara baja el 17 de noviembre. El proyecto del Ejecutivo toma en su composición gran parte de los artículos del de la Campaña, sin embargo las principales diferencias que presenta tienen que ver con la inclusión de una regulación a la objeción de conciencia individual; la penalización después de los plazos y por fuera de las causales ya establecidas; el tiempo para efectivizar la práctica a 10 días, en lugar de 5 como plantea la Campaña y, por último, no incluye en el articulado sobre políticas de salud sexual el derecho al aborto como contenido de la Educación Sexual Integral.
El camino para que sea ley
A minutos de la publicación del cronograma, tenemos fechas para que comience el tan esperado tratamiento: Arranca el martes 1 de diciembre, hasta el jueves 3, con exposiciones de 7 minutos cada una, 25 a favor del derecho y 25 en contra. Luego las comisiones de Legislación General; Salud; Penal; y Mujeres y Diversidad, a las cuales giran todos los proyectos vigentes en la temática, definen la composición final del llamado dictamen, que es el que se votará finalmente en el pleno de la Cámara para obtener una media sanción y luego pasar a la Cámara de Senadores.
Después de tantos años de lucha, desde la Campaña y el movimiento feminista, se espera que este sea finalmente el momento en el cual se consagre un derecho humano que viene siendo negado y, así, poder decir que en Argentina las mujeres y personas gestantes pueden acceder al aborto legal, seguro y gratuito.