30 años del Mercosur: promesas vigentes con la igualdad de género

Martina Ferretto
Martina Ferretto
Politóloga feminista, becaria doctoral CONICET-IICSAL-UBA. Integrante de la CNDALSG. P.D.: La política me calienta en todo sentido y estoy convencida que la forma de construcción, es colectiva.

Considerada la quinta economía mundial, el acuerdo de integración entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay cumple 30 años de vida. Sus objetivos y desafíos, siguen vigentes.  

30 años, ¿no son nada?

El 26 de marzo de 1991 se firmó el tratado en la ciudad de Asunción, que dio origen al acuerdo entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para conformar el Mercado Común del Sur. Más tarde se adhirió la República Bolivariana de Venezuela que en la actualidad se encuentra suspendida y el Estado Plurinacional de Bolivia que está en proceso de adhesión. Esto en pocas palabras significa un acuerdo intergubernamental de integración económica que implica liberalizar aranceles, unificarlos para que sean comunes y hacer que haya entre los Estados parte, zonas de libre comercio y circulación, contratación, etc. para posicionarse en el mercado mundial de forma estratégica, como respuesta ante la nueva globalización del capital para competir en las grandes ligas que por separado cada país no iba a poder lograrlo. Objetivo que no se separa en los papeles de la igualdad de género y que aún vigentes, representa un desafío por cumplir, al igual que la integración económica para alcanzar el mercado común propuesto. 

La bibliografía más clásica de integración económica pone a la experiencia de la Unión Europea como el máximo exponente a seguir, aún en las diferencias de contextos de conformación, objetivos, alcances y recursos. Para el tradicionalismo, el Mercosur pertenece a lo que se ha denominado la segunda ola de integración, de tipo aperturista, ligada al multilateralismo y con un sesgo muy marcado de época: económicamente hablando, el consenso de Washington marcó la cancha. Políticamente hablando es posible describirlo más multifacético. Por un lado, en nuestra región y en los países del bloque en particular, la época abrazó la recuperación de la democracia y permitió la reactivación de sectores sociales acallados. De forma simultánea, en el contexto global se estaban llevando adelante conferencias internacionales muy positivas para la población en general y las mujeres en particular. Su inclusión dentro de la lógica del desarrollo económico tiene sus inicios a finales de la década de los 60 y principio de los 70 en el norte global, varias son las perspectivas en las que se ha querido introducir a “la mujer” en la ecuación hasta lograr finalmente hablar de y desde un enfoque de género. El salto conceptual se cristalizó en los compromisos asumidos en la renombrada Conferencia Internacional de Beijing de 1995, que estableció una plataforma de acción para alcanzar las metas relativas a la igualdad de género para el desarrollo de cara al Milenio. 

Las dos partes más importantes de este gran objetivo tienen que ver con erradicar las violencias contra las mujeres y, en incorporar el enfoque de género de manera transversal en todos los ámbitos, niveles y políticas de gobierno. Esto para América Latina y el Caribe implicaba un gran logro en materia de ratificaciones.

En el presente contexto de pandemia, los desafíos son múltiples y las políticas para enfrentarlos son muy heterogéneas. Al igual que los procesos en los Estados miembro. Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia aunque sin voto todavía, volvieron a tener un perfil muy similar al de la última época de bonanza Sudamericana. En Brasil prefieren potenciar políticas neoliberales, Uruguay parece que quiere acompañar y la República Bolivariana de Venezuela, sigue suspendida desde 2017 por incumplimiento del Protocolo de Ushuaia.  

Esta heterogeneidad de conducción política pone al descubierto la fragilidad institucional del bloque para actuar como tal, en temas tan delicados como una política de emergencia como la que estamos viviendo hace un año, como los que atañen a los recursos económicos y el bienestar social. A 30 años de construcción, los compromisos por la igualdad de género como objetivo para el desarrollo, siguen pendientes. 

Es hora de hacerse cargo de la desigualdad 

El impacto de estos procesos y acuerdos globales sumado a la importante organización de las mujeres y feministas en los países del bloque, hizo que desde comienzos de su creación el Mercosur deje asentado en los papeles su compromiso con la igualdad y no discriminación en particular entre mujeres y varones. 

Fueron las sindicalistas que lograron en 1994 conformar la Comisión de la Mujer dentro de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur y disputar lo relativo a todas las reformas del sector laboral que tuvieran una afectación diferencial para las mujeres. 

Junto con las investigadoras expertas fueron las que “desde cemento” presionaron para que la igualdad de género sea condición y meta dentro de los acuerdos regionales. 

Así en 1998 se logró la Declaración Sociolaboral del Mercosur que fundada en los principios de no discriminación e igualdad, establece los derechos individuales, colectivos y compromisos de los Estados parte para garantizarlos, especificando entre varones y mujeres la igualdad de trato y oportunidades, de acuerdo también al consenso global bajo el marco de la OIT.

Años después en el Milenio, se resuelve por medio del órgano ejecutor (GMC) que se incorpore la transversalidad de género en todo el bloque. Aspecto que quedará en cierta pausa hasta 2014 cuando se retome a partir de las Directrices para una política de Igualdad de Género en el Mercosur. 

El giro ideológico de los presidentes de los Estados parte desde los primeros años del 2000 dio lugar a importantes avances en materia de las agendas de desarrollo, tanto productivo como económico y social. El relanzamiento del Mercosur + Social y productivo da cuenta del mismo.

El abordaje de la igualdad de género y la incorporación del enfoque en las distintas discusiones, negociaciones y resoluciones fue trabajado en varios ámbitos del bloque. En el PARLASUR, posterior a su conformación en 2006, en la Reunión Especializada de la Mujer que es hoy la Reunión de Altas Autoridades y Ministras y; en el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos en donde un grupo de trabajo específico labura género y derechos humanos. 

Varios son los intentos y procesos que se fueron tejiendo de incidencia para lograr una mayor equidad. Lo cierto es que en la propia realidad dentro de los Estados parte sigue siendo un gran pendiente, a pesar de los grandes esfuerzos en los últimos tiempos, principalmente impulsados por el movimiento feminista, en especial con el Ni Una Menos de 2015 que logró mayor visibilidad y masividad. Y ni hablar si a estos pendientes a secas de igualdad de género le sumamos la complejidad de atenderlo según el enfoque que contiene la interseccionalidad, en donde a la variable género se le suma lugar de residencia, clase, color de piel, identidad de género, capacidades diversas, educación, uso del tiempo, con personas a cargo, en ruralidad, etc. Siendo la quinta economía mundial, su redistribución de riquezas y sustentabilidad de recursos a la vista pareciera un poquito bastante desbalanceada.

Los recursos están

  • Tenemos recursos energéticos inmensos, tanto renovables como no renovables.
  • Y tenemos una de las mayores reservas de agua segura del mundo. 

Pero, ¿quiénes deciden?

De los órganos decisorios y ejecutivos del bloque, no llega al 1% la representación femenina. Por ejemplo, el Grupo de Mercado Común que cuenta con representantes designados por cada país, 5 titulares y 5 suplentes que actualmente son 11, sólo 2 son mujeres. 

Y en el caso de los representantes ministeriales o altas autoridades de cada país que atienden lo relativo al bloque como son los Ministros de RREE y Economía o Hacienda, sólo 1 es mujer por la cartera de economía del Uruguay. 

Por supuesto: no necesariamente las mujeres en dichos puestos garantizan automáticamente la preponderancia de la agenda de igualdad en las negociaciones del bloque. Pero sí ponen al descubierto la escasa o nula eficiencia de aquellas políticas y compromisos que suponen cumplir con una igualdad de trato y condiciones, sumado a que no todos los países del bloque tienen una normativa de paridad multinivel de todos los poderes del Estado. 

Los datos lo demuestran. De los 30 años que lleva el Mercosur, la política de igualdad de género quedó soslayada en otros asuntos. De los varones que lideran, participan y negocian en el bloque o no la ven o no les importa o están ocupados en otras agendas desconociendo que es central y transversal para el desarrollo de nuestras sociedades e incluso un aumento en la ganancia, nos guste o no la metodología del capital, hoy en día es lo que está y tiene implicancias en la vida diaria de las personas aunque no conozcamos bien por qué y qué hace, no es algo que se enseña, difunde o profundiza para “el común” por eso resulta importante conocer y por qué no, incidir. Hay que ver si aquellos compromisos asumidos en todos los acuerdos que se han firmado y ratificado por parte de los Estados, tales como los que mide el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL al desagregar los indicadores de autonomía física, autonomía económica y autonomía en la toma de decisiones, son preponderados para su cumplimiento o no. 

Lo que sí nos queda claro es que a pesar de las grandes turbulencias y desacreditaciones que ha sufrido el bloque, sigue prometiendo una vida útil. Cumplida la edad adulta promedio, veremos si madura de una vez.

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